Un nuevo giro en el proceso judicial conocido como causa Caspalá se produjo luego de que la Cámara de Revisión resolviera desestimar la impugnación presentada por la fiscalía, permitiendo que la acción penal permanezca activa. Esta decisión judicial ha habilitado a los querellantes para continuar profundizando en la investigación de los hechos denunciados.
La abogada querellante Silvana Llanes manifestó su determinación de avanzar sobre todas las responsabilidades identificadas en la causa Caspalá, enfatizando que las imputaciones dirigidas contra funcionarios provinciales aún requieren de una investigación exhaustiva. Según sus declaraciones, el núcleo central del expediente trasciende la simple reparación de la infraestructura deportiva, involucrando presuntas irregularidades en la administración de fondos públicos y daños ocasionados al patrimonio arqueológico y cultural de la comunidad local.
Llanes señaló la existencia de documentación que acreditaría un impacto directo en las finanzas estatales, además de una obra que fue reportada como prácticamente finalizada cuando en realidad no fue ejecutada conforme a lo establecido. La letrada también cuestionó el rol desempeñado por la Fiscalía de Estado, argumentando que su participación en diversos acuerdos habría contribuido a minimizar las responsabilidades de los funcionarios involucrados en la causa Caspalá.
Entre los imputados en el expediente principal figuran exfuncionarios y responsables de la ejecución de la obra, en un proceso que simultáneamente investiga una presunta administración fraudulenta de recursos de origen nacional. El pronunciamiento de la Cámara resultó determinante al rechazar la posibilidad de extinguir la causa sin que existieran imputaciones debidamente consolidadas, delegando en la querella la responsabilidad de impulsar las medidas necesarias para avanzar en la investigación.
Paralelamente, persiste el conflicto vinculado con la reparación integral que fue comprometida con la comunidad afectada. De acuerdo con lo expresado por Llanes, el convenio de reparación continúa sin cumplirse efectivamente y las obras presentan irregularidades significativas. La situación se agrava por el estado del muro de contención de la cancha, que presenta riesgos estructurales evidentes. A pesar de que la administración provincial había anunciado un presupuesto aproximado de trescientos noventa y ocho millones de pesos, la querella denuncia la ausencia de avances concretos en la ejecución de los trabajos.
En la última audiencia celebrada se planteó un cambio en el proyecto técnico, circunstancia que fue interpretada por los querellantes como una nueva estrategia dilatatoria. Llanes advirtió sobre la inexistencia de un anteproyecto serio ni de informes técnicos completos que respalden las acciones comprometidas. Con este panorama, la causa Caspalá se encamina hacia una etapa crucial donde la querella buscará profundizar las imputaciones contra los funcionarios y determinar las responsabilidades políticas y administrativas que subyacen en los hechos investigados.
