La provincia de Jujuy atraviesa una situación crítica respecto de las intimidaciones que se registran en las instituciones educativas. Tras el caso que conmocionó a la provincia de Santa Fe, donde una familia fue intimada a abonar seis millones de pesos por una falsa amenaza de bomba perpetrada por su hijo, las autoridades locales comienzan a evaluar la implementación de medidas similares en el territorio jujeño.
De acuerdo con los datos proporcionados por el Ministerio Público de la Acusación, la situación en Jujuy reviste características alarmantes. Actualmente se encuentran en tramitación noventa y un expedientes relacionados con amenazas en establecimientos escolares. Mediante operativos de allanamiento y secuestro de dispositivos electrónicos, los investigadores han logrado identificar a treinta adolescentes como presuntos responsables de estas intimidaciones y llamadas falsas.
Las autoridades provinciales han dejado en claro que estas conductas no constituyen simples bromas o travesuras juveniles, sino que se trata de delitos penales que generan consecuencias legales significativas. Cada una de estas amenazas moviliza recursos estatales considerables: personal de la Policía de la Provincia de Jujuy, brigadas especializadas en explosivos, equipos de emergencia y operativos de seguridad en los accesos de las escuelas afectadas.
Ante la dificultad de aplicar sanciones privativas de libertad a menores de edad en numerosos casos, la estrategia judicial se orienta hacia la responsabilidad civil de los progenitores. El Código Civil y Comercial establece que los tutores responden legalmente por los daños ocasionados por los menores bajo su custodia. Si Jujuy adopta el modelo implementado en Santa Fe y otras jurisdicciones, las familias de los treinta adolescentes ya identificados podrían enfrentar demandas civiles para resarcir los gastos operativos generados, cifras que potencialmente alcanzarían montos prohibitivos.
Desde el Ministerio Público de la Acusación y la cartera de Seguridad provincial se ha insistido en la necesidad de que las familias asuman un rol más activo en la prevención. Algunos progenitores han colaborado voluntariamente entregando los teléfonos celulares de sus hijos, lo que representa un avance en el compromiso familiar. Sin embargo, la continuidad de las amenazas indica que la sensibilización aún resulta insuficiente para contener el fenómeno.
La tecnología ha demostrado ser una herramienta determinante en la investigación de estos hechos. Los rastros digitales dejan evidencia prácticamente imposible de borrar, lo que garantiza que los autores serán identificados. La interrogante que ahora se plantea en la comunidad educativa jujeña no radica en si los responsables serán hallados, sino en quién asumirá el costo económico del desorden generado. Consulte más noticias policiales para seguir el desarrollo de esta situación.
La implementación del denominado “modelo Santa Fe” en Jujuy representaría un cambio significativo en el abordaje de estas infracciones. La vía civil busca generar un efecto disuasivo mediante sanciones económicas que impacten directamente en los presupuestos familiares, esperando que esta consecuencia material desaliente a los menores y sus familias de cometer estos actos. Las próximas decisiones que adopten los tribunales jujeños determinarán si esta estrategia se concretará en la provincia.
