Acusan a comercio y sus trabajadores por tráfico ilegal de ganado hacia Bolivia
La Justicia Federal de Jujuy formalizó cargos contra dos individuos vinculados a la empresa Dosan Inversiones SRL por participar en un esquema de comercio clandestino de productos cárnicos. El hecho investigado se remonta al mes de marzo del año pasado, cuando se detectó el movimiento irregular de quince medias reses desde La Quiaca hacia territorio boliviano, transacción que alcanzó un monto superior a los veintidós millones de pesos.
Durante una patrulla de rutina realizada el once de marzo de 2024, efectivos de la Gendarmería Nacional destacados en La Quiaca identificaron a César Daniel Fatti y Marcos Ariel Saavedra cuando regresaban desde Bolivia. En ese momento, los uniformados procedieron al secuestro de más de veintidós millones de pesos que portaba uno de ellos, junto a su dispositivo móvil. Ambos individuos desempeñaban funciones en un local de venta de carnes que opera bajo la razón social mencionada en la ciudad fronteriza.
Las pesquisas posteriores revelaron que cuatro días antes de la detención, específicamente el siete de marzo, se había ejecutado el traslado clandestino de la mercadería mediante un vehículo Iveco perteneciente a la compañía. El operativo se llevó a cabo en dos etapas distintas, concluyendo con el camión estacionado muy próximo a la línea divisoria, eludiendo completamente los controles aduaneros oficiales. Una vez en territorio vecino, la carga fue transferida a manos de terceros.
La fiscalía, encabezada por Lucía Orsetti y con participación de la auxiliar Sofía Escudero, presentó pruebas contundentes durante la audiencia del viernes ante el magistrado federal Eduardo Hansen. Entre los elementos de convicción figuran registros de posicionamiento geográfico del transporte, datos de conectividad telefónica y comunicaciones entre el imputado y su pareja donde se describen explícitamente las operaciones de carga y descarga. En esos intercambios aparecen frases como “Estamos bajando”, “Con carne”, “Recién cargamos 15 medias” y “Vamos a ir a descargar”.
Respecto a la empresa, la fiscalía argumentó su responsabilidad solidaria en los delitos aduaneros cometidos por sus dependientes. Dosan Inversiones SRL presentó una solicitud formal para recuperar el dinero confiscado, alegando que provenía de una transacción comercial legítima con una cliente y aportando documentación que lo respaldaría. Asimismo, presentó comprobantes que acreditarían la relación laboral vigente con ambos trabajadores al momento de los hechos.
La imputación se fundamentó en los artículos 865 inciso “i” y 887 del Código Aduanero Nacional. El primero aplica cuando el valor comercial de los bienes traficados supera los tres millones de pesos, mientras que el segundo establece la responsabilidad de las personas jurídicas por conductas delictivas ejecutadas por sus representantes o empleados. Esta no fue la primera comparecencia judicial en el expediente, ya que una audiencia preliminar se había desarrollado el trece de junio pasado, cuando se formalizaron inicialmente los cargos contra ambos trabajadores.