La justicia penal de Jujuy ha homologado un acuerdo de juicio abreviado que permite a cinco imputados evitar el debate oral y público en relación con la muerte de un menor que sufrió una descarga eléctrica en la vía pública de San Pedro de Jujuy. La sentencia, ratificada por la doctora Alejandra Tolaba, establece una Suspensión de Juicio a Prueba, lo que significa que los acusados no enfrentarán una condena de prisión efectiva, sino que deberán cumplir con reglas de conducta específicas y realizar reparaciones económicas adicionales por varios millones de pesos para extinguir la acción penal.
El proceso judicial identificó responsabilidades compartidas tanto en el ámbito privado como en la gestión pública municipal. Bajo la acusación de Homicidio Culposo, la fiscalía a cargo de Matías Mora del Ministerio Público de la Acusación señaló a tres funcionarios de Telecom Argentina S.A.: Augusto Nicolás Prediger, quien se desempeñaba como Gerente de Operaciones; Mario Jorge Gallardo, Coordinador de Redes; y Santiago Alvarado, Sobreestante de Mantenimiento. Estos profesionales fueron acusados de negligencia crítica al omitir el control, mantenimiento e inspección de las instalaciones de la empresa, que se convirtieron en un peligro mortal para los transeúntes.
Asimismo, la fiscalía imputó a dos funcionarios municipales de San Pedro de Jujuy: Gustavo Javier Jure, quien ocupaba el cargo de Secretario de Infraestructura, y Marcelo Fernando Asmuzi, Director de Alumbrado Público. A estos servidores públicos se les atribuyó el incumplimiento de sus deberes al no supervisar la peligrosa superposición de cables ni garantizar la seguridad mínima en el espacio público bajo su responsabilidad.
La resolución judicial contempla no solo un acuerdo dinerario adicional —varios millones de pesos que se suma a las indemnizaciones millonarias ya tramitadas en el fuero civil—, sino que también impone una carga de servicio comunitario para los beneficiados por la probation. Los cinco imputados deberán prestar servicios durante el plazo de un año en instituciones relevantes de la zona: el Hospital Guillermo Páterson y la Casa de la Mujer «María Conti». Estas tareas comunitarias buscan, de manera simbólica, que los responsables devuelvan un servicio a la sociedad tras la falla sistémica que derivó en la pérdida de una vida joven.
Si bien la familia del menor aceptó el acuerdo económico tras negociaciones donde se duplicaron los montos inicialmente ofrecidos, persiste en el ambiente la sensación de una justicia pragmática. La defensa pública, que representó a los funcionarios municipales, y la defensa particular de los directivos de Telecom, lograron evitar antecedentes penales para sus defendidos, cerrando un capítulo judicial que puso bajo escrutinio la precariedad de la infraestructura urbana en San Pedro de Jujuy.
Con esta decisión, la causa se encamina a su archivo definitivo una vez cumplido el año de tareas comunitarias, dejando como lección la imperiosa necesidad de controles cruzados entre el Estado y las empresas de servicios para prevenir tragedias evitables. Este caso de noticias policiales de Jujuy refleja la importancia de la responsabilidad compartida en materia de seguridad pública y mantenimiento de infraestructura en los municipios de la provincia.
