Una operación de alcance mundial dirigida a combatir la explotación sexual de menores de edad logró desmantelar redes criminales en dieciséis países diferentes. La iniciativa, denominada «Aliados por la Infancia VI», fue coordinada por el Cuerpo de Investigaciones Judiciales de la Ciudad de Buenos Aires con el respaldo de organismos internacionales de seguridad.
El operativo contra explotación infantil resultó en un total de doscientos setenta allanamientos ejecutados de manera simultánea en múltiples jurisdicciones. A nivel internacional, Brasil concentró la mayor cantidad de procedimientos con ciento cincuenta y nueve operativos, seguido por Panamá y la República Dominicana. Otros países que participaron en esta acción coordinada fueron España, Francia y Uruguay, entre otras naciones. El resultado global arrojó ochenta y cuatro personas detenidas por delitos relacionados con la tenencia, producción y distribución de material de abuso sexual infantil.
En el territorio argentino, la provincia de Jujuy fue incluida en esta estrategia de seguridad internacional. La Unidad de Cibercrimen del Cuerpo de Investigaciones Judiciales identificó objetivos en diecisiete provincias argentinas además de la Ciudad de Buenos Aires, utilizando información proporcionada por el Centro Nacional para Menores Desaparecidos y Explotados de Estados Unidos. En Jujuy específicamente, se realizaron cuatro allanamientos simultáneos en diferentes localidades: dos domicilios en Libertador General San Martín, uno en San Pedro de Jujuy y otro en Monterrico.
Los procedimientos ejecutados en la provincia jujeña fueron dirigidos por la fiscal María Emilia Curten Haquim y el Ministerio Público de la Acusación. Durante estos operativos, se procedió al secuestro de diversos dispositivos electrónicos incluyendo teléfonos celulares, tabletas y computadoras personales. Estos equipos serán sometidos a análisis técnico en el Laboratorio de Informática Forense para obtener evidencia que permita avanzar en las investigaciones. A nivel nacional, Argentina registró veintiséis detenciones en total, concentrándose la mayoría en la Ciudad de Buenos Aires con catorce aprehensiones, mientras que Córdoba, Misiones y Santa Cruz también registraron detenciones.
La coordinación de este operativo contra explotación infantil surgió de un acuerdo estratégico establecido entre la Embajada de los Estados Unidos, el Departamento de Seguridad Nacional estadounidense y el Ministerio Público Fiscal de la Ciudad de Buenos Aires. La fiscal Daniela Dupuy explicó que la utilización del sistema ICACCOPS permitió identificar en tiempo real a usuarios de redes de intercambio de archivos que distribuían material ilícito. Este sistema de detección tecnológica resultó fundamental para localizar a los sospechosos en diferentes jurisdicciones.
El Fiscal General de la Ciudad de Buenos Aires, Martín López Zavaleta, enfatizó la importancia de la cooperación transnacional para desarticular estas redes criminales. Según sus declaraciones, el objetivo central de la investigación es determinar si los implicados, además de poseer el material de abuso, son autores directos de delitos de abuso sexual contra menores de edad. Actualmente, la investigación se encuentra en una fase de peritaje técnico donde se analizarán los dispositivos secuestrados para fortalecer la evidencia que sustente los cargos contra los detenidos. Esta fase resulta crucial para establecer responsabilidades penales y proteger a las víctimas menores identificadas durante el operativo.
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