La senadora jujeña Carolina Moisés encabezó una sesión de trabajo en la Comisión de Sistemas, Medios y Libertad de Expresión del Senado Nacional, donde se reunieron periodistas, académicos y organizaciones de defensa de derechos para cuestionar el cierre de la Sala de Periodistas en la Casa Rosada. El encuentro se desarrolló sin la asistencia de los funcionarios del Gobierno nacional que habían sido convocados, entre ellos el secretario de Prensa Javier Lanari y la subsecretaria Agustina Vilanova, lo que generó un amplio consenso entre los asistentes respecto de las medidas restrictivas aplicadas a la prensa.
Durante su intervención, Moisés, integrante del bloque Convicción Federal, expresó su rechazo categórico a las políticas implementadas contra los medios de comunicación. “El Poder Legislativo tiene la responsabilidad de garantizar los derechos que consagra nuestra Constitución Nacional. No es correcto atacar a la prensa, tampoco corresponde acosar a los periodistas, y mucho menos aún limitar la libertad de expresión desde cualquiera de los poderes del Estado. El cierre de la sala de prensa constituye una barbaridad”, manifestó la legisladora. Además, señaló que “la carga simbólica de esta acción es considerablemente mayor que el acto en sí mismo, y el hecho de que los funcionarios no hayan concurrido a dar explicaciones también representa un indicador muy significativo”.
La jornada, denominada “Libertad de expresión y censura en la Argentina: El cierre de la Sala de Periodistas en la Casa Rosada”, contó con el respaldo de otros senadores como Guillermo Andrada y Sandra Mendoza, quienes manifestaron su apoyo al proyecto legislativo presentado por Moisés, cuyo objetivo es garantizar la existencia de salas de prensa permanentes en los tres poderes del Estado.
Los periodistas acreditados en la Casa Rosada expusieron las dificultades concretas que enfrentan en el ejercicio de su profesión. Liliana Franco, corresponsal de Ámbito, relató: “Si esto es lo que significa trabajar con libertad en la Casa Rosada, preferiría trasladar mi oficina a mi domicilio, a un bar o a cualquier otro lugar, porque francamente no tiene sentido alguno. No podemos acceder a la información, y casi me veo tentada a instalar una silla en la calle, porque al menos desde allí podría observar quién ingresa al edificio”. Por su parte, Jaime Rosenberg, de La Nación, enfatizó la obligación que tiene el Gobierno de suministrar información: “Nos gustaría contar con funcionarios que respondan y que cumplan con su deber de proporcionar información a la prensa, para que nosotros, como intermediarios, podamos transmitirla a la ciudadanía. La Casa Rosada no es propiedad del Gobierno, ni tampoco de nosotros; es una casa que pertenece a todos los argentinos, y esperamos poder compartirla nuevamente”.
Ariel Basile, jefe de redacción de Ámbito, y Malena Winer, de Cooperativa Tiempo Argentino, informaron sobre acciones judiciales en curso para revertir estas medidas, destacando que “el acceso a la Casa Rosada resulta fundamental para el ejercicio del derecho constitucional a la información pública”. Paula Moreno Román, representante de FOPEA, presentó datos alarmantes del monitoreo que realiza desde el año 2008: el informe correspondiente a 2025 registra un número récord de casos de agresiones contra la prensa, identificando al poder político como el principal agresor. Francisco Rabini, de SiPreBA, y Luis Lozano, de la Universidad de Buenos Aires, completaron las exposiciones, reforzando la necesidad de implementar mecanismos legales de protección para los trabajadores de la prensa.
Al finalizar la sesión, Moisés reafirmó su compromiso con iniciativas legislativas destinadas a proteger a los periodistas, como la sanción de un Estatuto del Periodista y la garantía de derechos laborales para los trabajadores de medios de comunicación. El debate puso de manifiesto las tensiones crecientes en materia de libertad de expresión en Argentina bajo la administración actual, y la necesidad de fortalecer los mecanismos institucionales para su protección.
