Hace algunos días se conoció la muerte de un originario de Jujuy que fue víctima de una brutal agresión en la ciudad de Tarija, ubicada en el territorio boliviano. El fallecido identificado como Miguel Coria, de treinta y siete años de edad, perdió la vida tras sufrir múltiples impactos en la región craneal. El responsable del ataque fue posteriormente aprehendido por las autoridades locales, quienes lo acusaron de propinar golpes de puño y patadas contra la víctima.
Durante el pasado viernes, los integrantes de la familia Coria mantuvieron un encuentro con la Comisión de Derechos Humanos y de Género perteneciente a la Legislatura provincial de Jujuy. El objetivo de esta reunión fue impulsar gestiones de carácter diplomático con la nación vecina para avanzar en el proceso judicial. Rudy Casas, profesional del derecho que representa a la familia, caracterizó el suceso como un ataque motivado por prejuicios homofóbicos, describiéndolo mediante términos como «brutal, cruel y salvaje».
Según la información proporcionada por el letrado, el imputado habría justificado su conducta violenta argumentando que la víctima intentó besarlo. De acuerdo con lo expuesto en la querella presentada, el agresor persiguió a Miguel Coria, le asestó más de seis golpes dirigidos hacia la cabeza que le provocaron una fractura de cráneo, y además cometió actos de humillación bajándole la ropa antes de continuar con la agresión y abandonar el lugar tras verificar el fallecimiento de su víctima.
El profesional del derecho reveló que las grabaciones de las cámaras de vigilancia instaladas en la zona demuestran que ambas personas llegaron juntas al sitio donde ocurrió el hecho, ubicado en la puerta de la residencia de la víctima, y que estuvieron abrazados segundos antes de que se desatara la violencia. La investigación en curso determinará con precisión la naturaleza de la relación que existía entre ambos individuos.
El Ministerio Público de Bolivia ha formalizado la imputación por el delito de asesinato en contra del acusado. La querella presentada por la familia solicita la aplicación de la pena máxima de treinta años de encarcelamiento sin posibilidad de indulto. En la actualidad, el imputado se encuentra en situación de detención preventiva con una duración de cuatro meses. Una audiencia de importancia fundamental está programada para el veintisiete de agosto de dos mil veintiséis, en la cual se determinará si el acusado continuará privado de su libertad mientras avanza la etapa preparatoria del proceso penal.
Casas también informó que el acusado posee un extenso historial delictivo que incluye más de diecinueve denuncias por hechos de naturaleza similar, además de dos sentencias condenatorias previas. Este individuo es identificado como un empresario vinculado al sector de la vida nocturna, siendo propietario de al menos un establecimiento de tipo discoteca ubicado en la ciudad de Tarija. La gravedad de los antecedentes del imputado refuerza la posición de la familia en su demanda de justicia y la aplicación de las máximas sanciones legales disponibles en el ordenamiento jurídico boliviano.
La familia de Miguel Coria continúa gestionando acciones diplomáticas a través de las autoridades provinciales para asegurar que el proceso judicial se desarrolle con todas las garantías legales necesarias. Este caso ha generado preocupación en la comunidad jujeña respecto a la protección de los derechos de las personas pertenecientes a la comunidad LGBTQ+ en territorios fronterizos.
