La provincia de Jujuy vuelve a ser escenario de un intenso debate político sobre el gasto público y la asignación de recursos estatales. El diputado provincial Santiago Jubert ha salido a cuestionar la postura adoptada por legisladores pertenecientes a La Libertad Avanza, quienes impulsan la reducción de efectivos de custodia en el territorio jujeño, mientras que el Gobierno nacional mantiene un despliegue de seguridad de gran envergadura alrededor del presidente Javier Milei en la capital del país.
Este planteo ha abierto un nuevo frente en la discusión sobre el ajuste fiscal, la seguridad pública y el destino de los fondos presupuestarios, en un contexto caracterizado por recortes en distintas áreas, conflictos vinculados a salarios de empleados públicos y demandas sociales que atraviesan múltiples provincias argentinas.
Jubert ha señalado la existencia de una “contradicción evidente” entre el discurso de austeridad que promueven los dirigentes libertarios en las provincias y el operativo de seguridad que acompaña diariamente al mandatario nacional en sus desplazamientos. El legislador ha detallado que la custodia presidencial comprende un importante despliegue tanto logístico como humano en cada traslado que realiza el presidente entre la Quinta de Olivos y la Casa Rosada, además de operativos especiales durante actos oficiales, actividades políticas y apariciones públicas.
De acuerdo con las declaraciones del diputado jujeño, la comitiva presidencial cubre diariamente el trayecto entre la residencia de Olivos y la sede del Ejecutivo nacional, utilizando para ello automóviles blindados, motocicletas de escolta, ambulancias y sistemas de sirenas. Asimismo, ha indicado que durante los miércoles, cuando jubilados y organizaciones sociales se movilizan frente al Congreso de la Nación, el dispositivo se amplía significativamente con la participación de fuerzas federales como la Gendarmería Nacional y la Policía Federal, además de apoyo aéreo y dispositivos de contención.
Uno de los aspectos más controvertidos de la crítica formulada por Jubert se encuentra vinculado al costo económico de estos despliegues de seguridad. Según estimaciones elaboradas sobre la base de datos oficiales que ha presentado el legislador, un operativo de seguridad durante una jornada de protestas de magnitud moderada podría demandar aproximadamente seiscientos millones de pesos. El diputado ha realizado una comparación entre esa cifra y el equivalente a unas mil setecientas jubilaciones mínimas, buscando visibilizar la asignación de recursos públicos en medio del ajuste impulsado por la administración nacional.
Jubert también ha remarcado que, de acuerdo con registros de compras públicas, cada cartucho de gas lacrimógeno utilizado en manifestaciones tendría un valor cercano a los ciento sesenta y nueve dólares por unidad, un dato que suma tensión al debate sobre el financiamiento de los operativos federales. El legislador ha sostenido que hasta el momento “no existe una auditoría pública integral” sobre el costo total del dispositivo que rodea al presidente Milei.
La polémica ha surgido luego de que referentes de La Libertad Avanza en Jujuy impulsaran cuestionamientos al sistema de custodias provinciales, proponiendo revisar la cantidad de efectivos asignados a funcionarios y dirigentes políticos. Desde sectores opositores se sostiene que la iniciativa busca instalar un discurso de reducción del Estado en las provincias, aunque sin plantear el mismo nivel de exigencia respecto a los gastos nacionales vinculados a la seguridad presidencial.
El diputado también ha apuntado contra los legisladores libertarios jujeños por no haber impulsado iniciativas vinculadas a problemáticas estructurales que afectan a la provincia. Entre los temas mencionados figuran la restitución del Incentivo Docente, la discusión sobre la coparticipación federal y los recortes presupuestarios al sistema universitario nacional. Jubert ha expresado que los legisladores jujeños no han presentado proyectos orientados a gestionar ante el Congreso nacional la reactivación del Incentivo Docente, mejoras en la coparticipación provincial o la revisión de los recortes al sistema universitario.
Este cruce refleja el creciente clima de confrontación política entre el oficialismo nacional y la oposición, en medio de un escenario económico complejo y una fuerte discusión sobre el tamaño del Estado, el gasto público y las prioridades presupuestarias. Mientras que el Gobierno nacional sostiene que el ajuste es necesario para alcanzar el equilibrio fiscal, desde distintos sectores se cuestiona que determinadas áreas continúan manejando recursos millonarios sin una exposición pública detallada de costos ni auditorías transparentes.
En la provincia de Jujuy, el debate sobre custodios y operativos de seguridad promete seguir generando repercusiones políticas en las próximas semanas, alimentando la tensión entre los bloques legislativos y profundizando las diferencias sobre cómo debe distribuirse el presupuesto público en un contexto de restricciones fiscales. Consulte nuestras noticias de política para seguir los desarrollos de esta controversia.
