La diputada provincial Patricia Ríos, integrante del bloque del Frente Jujuy Crece, respondió públicamente a las declaraciones del diputado provincial Kevin Ballesty, quien había propuesto la clausura del Consejo Provincial de la Mujer e Igualdad de Género argumentando que la institución no aborda cuestiones vinculadas al género. La legisladora salió en defensa de las políticas provinciales que incorporan permanentemente la perspectiva de género en sus acciones y expresó su preocupación respecto del retroceso que experimenta el conjunto de derechos construidos a nivel nacional durante las últimas dos décadas.
Ríos presentó un detallado listado de las funciones que desarrolla el Consejo Provincial de la Mujer e Igualdad de Género en la provincia. Entre las principales actividades mencionó la prevención y erradicación de las violencias motivadas por razones de género, la atención integral dirigida a mujeres y personas LGBTIQ+ que se encuentran en situación de vulnerabilidad, la promoción de la igualdad de oportunidades en diversos ámbitos, y el fortalecimiento de la autonomía económica de las mujeres. Asimismo, destacó la importancia de la capacitación que brinda mediante la implementación de la Ley Micaela, la articulación permanente con los municipios de la provincia, y el sostenimiento de equipos profesionales que proporcionan asistencia psicológica, social y legal en casos de violencia extrema. “Frente al desmantelamiento que ocurre a nivel nacional, el Consejo Provincial representa la última barrera de contención institucional para miles de jujeñas”, enfatizó la legisladora.
En relación al contexto nacional, Patricia Ríos señaló que existen retrocesos significativos en derechos que habían sido conquistados y que se registran ataques contra agendas históricas como la participación política democrática, los derechos sexuales y reproductivos, la igualdad salarial, la erradicación de las violencias de género y el reconocimiento de los trabajos de cuidado. La diputada recordó que en Argentina se registra un femicidio cada treinta y tres horas, de acuerdo con los datos del Observatorio MuMaLá y de La Casa del Encuentro. En ese sentido, señaló que la administración de Javier Milei desmanteló en menos de dieciocho días desde su asunción el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad, degradándolo a subsecretaría mediante el Decreto 86/2023. Posteriormente, el seis de junio de dos mil veinticuatro, el organismo fue eliminado de manera definitiva a través de un comunicado que justificaba esta decisión en la necesidad de reducir el tamaño del Estado y eliminar los organismos considerados politizados.
La diputada explicó que las resoluciones 291 y 292 del año 2025 profundizaron ese vaciamiento institucional al dar de baja trece programas de importancia, entre los cuales se encontraban Producir, Igualar, Generar, Sembrar Igualdad y las Escuelas Populares de Formación en Género y Diversidad denominadas “Macachas y Remedios”. A esto se sumó el desfinanciamiento del programa Acompañar, que brindaba apoyo económico y acompañamiento psicológico a mujeres que se encontraban en situación de violencia, el cual experimentó una caída del noventa por ciento en su ejecución durante el año 2024 y quedó sin asignación presupuestaria específica en el Presupuesto 2025. También se desarticuló el Plan ENIA, que entre dos mil dieciocho y dos mil veintiuno había reducido prácticamente a la mitad la tasa de fecundidad adolescente en el segmento de diez a diecinueve años, mediante la no renovación de los contratos de seiscientos diecinueve trabajadores y trabajadoras en abril de dos mil veinticuatro.
Ríos detalló que el Plan ENIA tenía un costo anual de diecisiete millones y medio de dólares, mientras que el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) estima que la maternidad temprana genera en Argentina costos socioeconómicos por quinientos sesenta y ocho millones de dólares al año. En ese marco, sostuvo que cerrar este programa responde a una decisión de carácter ideológico y no a una política de ahorro estatal. De igual manera, indicó que la Línea 144, que atiende un promedio de trescientas cuarenta comunicaciones diarias relacionadas con violencia de género, perdió dos tercios de su financiamiento en dos mil veintiséis y redujo su meta oficial a un tercio de las asistencias que proporcionaba en dos mil veintitrés. “Que un dispositivo tenga deficiencias justifica reformarlo, no eliminarlo. Cerrar lo que no funciona perfectamente y no dejar nada en su lugar no es gestión: es abandono”, afirmó la legisladora.
La diputada provincial remarcó que el desmantelamiento de estas políticas no constituye únicamente una decisión política, sino que representa una violación al derecho vigente en la materia. Precisó que la Ley 26.485, sancionada en el año 2009, obliga al Poder Ejecutivo nacional a contar con un órgano rector en materia de prevención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres. Asimismo, señaló que el veintitrés de febrero de dos mil veintiséis el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW) de las Naciones Unidas emitió sus observaciones finales sobre Argentina y manifestó preocupación por la disolución del Ministerio, la fragmentación institucional resultante y la reducción presupuestaria y operativa de mecanismos clave como el programa Acompañar y la Línea 144.
Sobre esa base, Patricia Ríos concluyó que el discurso que promueve el diputado Kevin Ballesty en Jujuy pretende convalidar una situación donde el Estado argentino se encuentra en falta legal interna y en incumplimiento de tratados internacionales que poseen rango constitucional. La legisladora enfatizó que el retroceso de derechos de las mujeres requiere de una respuesta institucional firme desde las provincias, particularmente desde organismos como el Consejo Provincial que continúan trabajando en la defensa de los derechos de género a nivel local.
