El Tribunal Oral Federal de Jujuy ha dictado una sentencia de gran relevancia en materia de violencia institucional. El sargento primero de la Gendarmería Nacional, Walter Daniel Álvarez, fue condenado a cumplir diecisiete años de prisión efectiva e inhabilitación total para desempeñarse en cualquier cargo dentro de la fuerza de seguridad. La condena al gendarme Álvarez se produjo tras ser hallado culpable del homicidio de Ivo Rodrigo Torres, un joven de veintidós años originario de Barrancas que formaba parte de la comunidad indígena Juan de Quillaques.
Durante la jornada de audiencia de cesura, en la cual se determinó la pena correspondiente, se presentaron alegatos de clausura con posiciones divergentes respecto a la cantidad de años de encarcelamiento. La fiscalía solicitaba dieciocho años de prisión, mientras que la querella demandaba veinte años. Por su parte, la defensa del acusado pretendía la pena mínima establecida por la ley, que corresponde a ocho años de cárcel. Tras considerar los argumentos presentados por todas las partes, el tribunal resolvió establecer una pena intermedia de diecisiete años. Es importante destacar que los otros tres uniformados que se encontraban en la patrulla al momento del hecho fueron sobreseídos por la justicia.
El instante más emotivo de la lectura del veredicto fue protagonizado por la jueza María Alejandra Cataldi, quien se apartó del lenguaje meramente técnico utilizado por sus colegas. Cataldi empleó el concepto de dolor “innominado”, una categoría desarrollada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, para describir el sufrimiento absoluto e indescriptible que experimentan los padres al perder a un hijo. Esta reflexión conmovió profundamente a los presentes en la sala de audiencias.
A pesar de que se logró una condena efectiva que representa un quiebre respecto a la impunidad histórica en estos casos, el abogado querellante manifestó su intención de apelar la sentencia ante la Cámara Federal de Casación Penal. El objetivo de la familia de la víctima permanece inalterable: revertir la calificación legal de homicidio simple con dolo eventual que asignaron los jueces de mayoría, y restituir los agravantes relacionados con la condición de miembro de una fuerza de seguridad y la alevosía, con el propósito de alcanzar la prisión perpetua para el condenado.
La familia de Ivo Rodrigo Torres recibió el fallo con una combinación de alivio y resignación profunda. Con la fortaleza que los caracterizó durante todo el proceso judicial, expresaron que más allá de los números que representa la condena al gendarme Álvarez, el vacío dejado por la pérdida de su hijo es permanente e insustituible. Para ellos, la justicia nunca podrá devolver lo que fue arrebatado de manera violenta en La Quiaca.
