Las autoridades policiales lograron desmantelar una organización criminal que operaba de manera coordinada entre dos provincias. La estructura delictiva se dedicaba a sustraer vehículos de alta gama en la provincia de Buenos Aires para posteriormente trasladarlos hacia la provincia de Jujuy, donde eran comercializados en el mercado negro.
El operativo que culminó con el desmantelamiento de esta banda contó con la participación de múltiples efectivos y se ejecutó mediante dieciséis allanamientos simultáneos. Estos procedimientos se llevaron a cabo en diferentes localidades del conurbano bonaerense y también en el barrio de Alto Comedero, ubicado en la capital jujeña. La investigación fue dirigida por el fiscal José María Campagnoli, quien coordinó las acciones de la División Sustracción de Automotores y Autopartes de la Policía de Buenos Aires.
El trabajo de inteligencia permitió identificar y detener a los dos principales responsables de la organización criminal. Ambos fueron sometidos a prisión preventiva tras ser procesados por el delito de asociación ilícita. Además de los cabecillas, otras diez personas fueron imputadas y vinculadas a la causa penal. Un tercer individuo fue aprehendido por la tenencia ilegal de un arma de fuego que fue hallada durante los registros domiciliarios.
Durante el desarrollo de los allanamientos, los efectivos policiales incautaron un importante arsenal de equipamiento tecnológico destinado a la adulteración de los vehículos robados. Entre los elementos secuestrados se encontraban quince máquinas de impresión tridimensional, dispositivos programadores de sistemas automotrices, cortadoras automáticas de llaves, escáneres especializados y un tester automotriz. También se recuperaron treinta y ocho llaves de vehículos y siete patentes, cuatro de las cuales fueron solicitadas en secuestro. Adicionalmente, se decomisaron veintiséis teléfonos celulares, computadoras personales y una escopeta de calibre dieciséis.
La investigación permitió establecer que la banda había cometido el robo de al menos veinticinco camionetas Toyota Hilux. El caso se inició a principios del mes de mayo tras la presentación de una denuncia realizada por una víctima en el barrio porteño de Núñez. Los investigadores utilizaron técnicas de geolocalización para rastrear los movimientos de los integrantes de la organización, lo que permitió identificar a Ezeiza como un punto estratégico en la operación delictiva.
El juez Godoy, encargado de evaluar la causa, determinó que el jefe de la banda poseía antecedentes penales significativos. Específicamente, contaba con una condena de dos años de prisión en suspenso por el delito de encubrimiento reiterado, sentencia que fue dictada en septiembre del año anterior. Por su parte, el segundo al mando de la organización había incumplido una suspensión de juicio a prueba que se encontraba vigente por un caso de robo agravado en la localidad de Lomas de Zamora. Estos antecedentes penales fueron determinantes para que el magistrado rechazara los pedidos de libertad presentados por los abogados defensores.
Este desmantelamiento representa un golpe significativo contra el delito de robo de vehículos que afectaba a ciudadanos de ambas provincias. La coordinación entre las fuerzas de seguridad de Buenos Aires y Jujuy demostró ser fundamental para lograr el éxito de la operación. Las autoridades continúan investigando posibles conexiones de la banda con otras organizaciones criminales dedicadas a actividades similares en la región.
