Un caso que ha conmocionado a la comunidad educativa de San Pedro de Jujuy llegó a una resolución judicial controvertida. Un profesor de matemáticas de 59 años, identificado con las iniciales J.C.R., fue acusado de abusar sexualmente de una de sus alumnas de 14 años dentro del establecimiento escolar. Sin embargo, el docente logró evitar el juicio oral y público al obtener el beneficio de la suspensión de juicio a prueba, también conocida como probation.
El hecho ocurrió el 30 de mayo de 2023, cuando la víctima se acercó al escritorio del maestro para realizar una consulta sobre la materia. Según consta en el expediente fiscal, el educador aprovechó su posición de autoridad para tocar a la menor por encima de la ropa, configurando un delito de abuso sexual simple agravado. La gravedad de la imputación podría haber llevado al acusado a una pena de entre tres y diez años de prisión, pero un acuerdo entre las partes permitió una salida alternativa.
La suspensión de juicio fue acordada por el abogado defensor del imputado, Juan Pablo Gomar, y el fiscal de Violencia de Género, Juan Carlos Baiud. Un factor determinante fue el consentimiento expreso de los padres de la adolescente, quienes manifestaron su acuerdo ante la jueza que llevaba la causa. Según los fundamentos de la resolución, se estimó que, en un eventual juicio, la condena podría haber sido de ejecución condicional, lo que habilitó legalmente la aplicación de este mecanismo procesal.
Como parte del acuerdo, el docente deberá cumplir tareas comunitarias durante tres meses, es decir, un total de noventa días. Además, queda sometido a un estricto régimen de conducta por un plazo de dos años. En caso de incumplir alguna de las condiciones impuestas, la probation será revocada de inmediato y se reanudará el proceso penal con los cargos originales. Las reglas de conducta incluyen la obligación de iniciar un tratamiento psicológico en un plazo máximo de quince días y presentar comprobantes de asistencia cada treinta días hasta obtener el alta profesional.
También se le prohibió terminantemente acercarse al domicilio de la víctima o a cualquier lugar donde ella o su familia desarrollen sus actividades cotidianas, ya sea en espacios públicos, privados, educativos o de esparcimiento. La restricción abarca cualquier tipo de contacto físico, digital o a través de terceros, incluyendo redes sociales y mensajes. El acusado debe mantener su residencia actual y no puede mudarse sin autorización previa de la Oficina de Control de Coerción y Probation del Ministerio Público de la Acusación (MPA), que también ejercerá una vigilancia constante sobre él.
Esta suspensión de juicio ha generado un fuerte debate en la sociedad jujeña, especialmente en el ámbito educativo y entre organizaciones de derechos de la niñez. Muchos consideran que la medida es insuficiente para un caso de abuso sexual contra una menor en un entorno escolar, mientras que otros defienden la legalidad del acuerdo dado el consentimiento de los progenitores. Para más información sobre este tipo de causas, puede consultar nuestras noticias policiales y noticias locales.
El profesor J.C.R. deberá demostrar durante los próximos dos años que cumple a rajatabla cada una de las condiciones fijadas. La comunidad de San Pedro de Jujuy permanece atenta a la evolución de este caso, que marca un precedente en la aplicación de la suspensión de juicio en delitos de abuso sexual cometidos por docentes. La decisión judicial, aunque legal, deja interrogantes sobre la protección de los menores en las aulas y la eficacia de las penas alternativas frente a delitos de esta naturaleza.
