La diputada provincial Patricia Ríos, quien representa al Frente Jujuy Crece, salió al cruce de las declaraciones del diputado Kevin Ballesty. Ballesty había sugerido la necesidad de cerrar el Consejo Provincial de la Mujer e Igualdad de Género, argumentando que dicho organismo no aborda adecuadamente las cuestiones de género. En respuesta, Ríos defendió las políticas provinciales que incorporan de forma permanente la perspectiva de género y advirtió sobre el peligroso retroceso de derechos que afecta a las mujeres en Argentina.
Durante su intervención, la legisladora enumeró las acciones concretas que lleva adelante el Consejo Provincial de la Mujer e Igualdad de Género. Entre ellas destacó la prevención y erradicación de las violencias por motivos de género, la atención integral a mujeres y personas LGBTIQ+ en situación de vulnerabilidad, la promoción de la igualdad de oportunidades y el fortalecimiento de la autonomía económica femenina. Asimismo, subrayó el rol del Consejo en la capacitación mediante la Ley Micaela, la articulación con los municipios y el sostenimiento de equipos que brindan asistencia psicológica, social y legal en casos de violencia extrema. “Frente al desmantelamiento nacional, el Consejo Provincial es la última barrera de contención institucional para miles de jujeñas”, enfatizó la diputada.
Ríos señaló que existen claros signos de retroceso de derechos en áreas como la participación política democrática, los derechos sexuales y reproductivos, la igualdad salarial, la erradicación de las violencias y el reconocimiento de los cuidados. En relación con el contexto nacional, la diputada recordó que en Argentina se registra un femicidio cada 33 horas, según los datos del Observatorio MuMaLá y de La Casa del Encuentro. Además, denunció que la gestión de Javier Milei desmanteló en menos de 18 días desde su asunción el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad, degradándolo a subsecretaría mediante el Decreto 86/2023. El 6 de junio de 2024, ese organismo fue eliminado definitivamente con un comunicado que justificaba la medida por la necesidad de achicar el tamaño del Estado y eliminar organismos politizados.
La legisladora explicó que las resoluciones 291 y 292 de 2025 profundizaron ese vaciamiento al dar de baja trece programas, entre ellos Producir, Igualar, Generar, Sembrar Igualdad y las Escuelas Populares de Formación en Género y Diversidad “Macachas y Remedios”. A esto se sumó el desfinanciamiento del programa Acompañar, que brindaba apoyo económico y acompañamiento psicológico a las mujeres en situación de violencia; su ejecución cayó un 90% durante 2024 y quedó sin partida específica en el Presupuesto 2025. También se desarticuló el Plan ENIA, que entre 2018 y 2021 redujo prácticamente a la mitad la tasa de fecundidad adolescente en el segmento de 10 a 19 años, mediante la no renovación de los contratos de 619 trabajadores y trabajadoras en abril de 2024. Ríos detalló que el Plan ENIA costaba 17,5 millones de dólares anuales, mientras que el UNFPA estima que la maternidad temprana genera en Argentina costos socioeconómicos por 568 millones de dólares al año. “Cerrarlo responde a una decisión ideológica y no a una política de ahorro”, afirmó.
En la misma línea, indicó que la Línea 144, que atiende un promedio de 340 comunicaciones diarias por violencia de género, perdió dos tercios de su financiamiento en 2026 y redujo su meta oficial a un tercio de las asistencias que brindaba en 2023. “Que un dispositivo tenga deficiencias justifica reformarlo, no eliminarlo. Cerrar lo que no funciona perfectamente y no dejar nada en su lugar no es gestión: es abandono”, sentenció la diputada. Para conocer más sobre las políticas provinciales, puede consultar las noticias locales.
La legisladora remarcó que el desmantelamiento no es solo una decisión política, sino también una violación al derecho vigente. Precisó que la Ley 26.485, sancionada en 2009, obliga al Poder Ejecutivo nacional a contar con un órgano rector en materia de prevención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres. Además, señaló que el 23 de febrero de 2026 el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW) de Naciones Unidas emitió sus observaciones finales sobre Argentina y manifestó preocupación por la disolución del Ministerio, la fragmentación institucional resultante y la reducción presupuestaria y operativa de mecanismos clave como el programa Acompañar y la Línea 144. Este contexto de retroceso de derechos exige una respuesta firme por parte de los gobiernos provinciales.
Sobre esa base, Ríos concluyó que el discurso que promueve el diputado Ballesty en Jujuy pretende convalidar una situación en la que el Estado argentino se encuentra en falta legal interna y en incumplimiento de tratados internacionales con rango constitucional. La diputada instó a no permitir que se avance en este retroceso de derechos y a defender las instituciones que protegen a las mujeres. Para seguir la cobertura de estos temas, visite la sección de política de nuestro sitio.
