El ex procurador general del Ministerio Público de la Acusación (MPA) de Jujuy, Sergio Enrique Lello Sánchez, quedó formalmente involucrado en una imputación por peculado que le atribuye el desvío de recursos humanos y materiales del organismo en beneficio propio y de su entorno familiar. La audiencia imputativa fue encabezada por la fiscal Daiana Alejandra Serrano Antar, quien le notificó los cargos correspondientes al Legajo N° 15.345/2026, donde se lo acusa como presunto autor del delito de peculado de servicio, en veinte hechos en concurso real. Tras la lectura, el exfuncionario decidió recusar a la fiscal para intentar frenar el avance de la investigación.
Esta imputación por peculado representa el fin del blindaje que durante casi una década protegió a quien fuera considerado el brazo ejecutor judicial del gobierno del exgobernador Gerardo Morales, entre 2016 y 2025. Según la hipótesis de la fiscalía, Lello Sánchez montó una matriz delictiva en la que utilizó al personal y los recursos del MPA para su propio beneficio y el de su familia, en un período delimitado entre junio de 2021 y marzo de 2025, una etapa de alta conflictividad social en la provincia. Aunque los beneficios habrían alcanzado también a su esposa, fuentes judiciales confirmaron que por el momento no se encuentra imputada.
El origen de la causa se remonta al quiebre institucional ocurrido en la sesión legislativa del 2 de octubre del año pasado, cuando la Cámara de Diputados provincial, a instancias de una presentación impulsada por el diputado Facundo Figueroa Caballero, dio curso a un pedido de juicio político y suspensión inmediata contra Lello Sánchez y el procurador adjunto Ignacio Pasquini. La denuncia original fue presentada por un grupo de ex fiscales que habían sido desplazados y hostigados por la cúpula del MPA. El vicegobernador y presidente de la Legislatura, Alberto Bernis, remitió el pedido a la Comisión Investigadora, que ejecutó la suspensión fulminante para evitar la alteración de pruebas.
El corazón de la acusación se nutre del material probatorio recolectado en el allanamiento de la sede central del MPA en la calle Sarmiento, tras la salida de Lello Sánchez. En ese operativo se secuestraron equipos informáticos, discos rígidos, servidores, teléfonos corporativos, registros de subastas y, lo que genera mayor preocupación en los tribunales, legajos personales de funcionarios y magistrados. Los investigadores buscan determinar si, más allá del uso indebido del personal, las computadoras y teléfonos del exprocurador guardan evidencias de presunto armado de causas y persecución ilegal vinculadas al escándalo de espionaje conocido como el caso Pederiva-Atauche.
Conociendo en detalle los pasillos procesales, Lello Sánchez asumió su propia defensa técnica y ejecutó un movimiento predecible para ganar tiempo: recusó a la fiscal Serrano Antar en la última jornada. Ahora, la continuidad de la investigación penal quedó supeditada a la decisión del juez de Control que presidió la audiencia, quien deberá resolver si la magistrada es ratificada o apartada. Por el momento, el exjefe de los fiscales se encuentra imputado en libertad, bajo los términos del artículo 280 del Código Procesal Penal.
La escala penal que prevé el ordenamiento jurídico para el artículo 261, segundo párrafo, es severa: establece penas de 2 a 10 años de prisión e inhabilitación absoluta perpetua para el funcionario público que emplee en provecho propio o de terceros trabajos o servicios pagados por la administración. Al aplicarse el artículo 55 de concurso real por la acumulación de múltiples hechos independientes, las penas se suman, tomando como mínimo el mínimo mayor y como máximo la suma aritmética de las penas máximas. La era donde el MPA operaba con la velocidad de un rayo para cumplir con los dictados del poder político ha terminado; ahora, los tiempos los maneja la misma Justicia ordinaria que hoy lo coloca en el banquillo de los acusados.
Para más información sobre este caso y otras noticias policiales, así como para conocer el contexto de la actualidad local en Jujuy, se recomienda seguir las actualizaciones de este medio. La imputación por peculado contra Lello Sánchez marca un antes y un después en la Justicia provincial, y las próximas resoluciones judiciales definirán el rumbo de una causa que expone las prácticas del poder político en la región.
