La Superintendencia de Servicios Públicos (SUSEPU) salió al cruce de las consultas sobre los últimos incrementos en las boletas de luz y afirmó que los mismos están atados a disposiciones del Ejecutivo federal. Javier Gronda, presidente del ente, señaló que los cambios en las tarifas se vinculan con la eliminación de subsidios y el ajuste del precio de la energía fijados por la Secretaría de Energía de la Nación.
Gronda detalló que las subas se originan en las Resoluciones N° 109/2026 y N° 151/2026, emitidas por esa secretaría en mayo y julio del corriente año. Estas normativas, indicó, provocaron un alza en el costo de la electricidad que abastece a hogares y comercios dentro del Mercado Eléctrico Mayorista (MEM).
El funcionario agregó que dichas medidas “forman parte del programa nacional de desregulación del sector energético y de eliminación progresiva de subsidios estatales”, una política que también repercute en el gas natural y los combustibles. En esa línea, recordó que el vocero presidencial, Adrián Ravier, confirmó la intención de avanzar “hacia un esquema de libre mercado para las tarifas energéticas” e incluso recomendó a la población “abrigarse en lugar de consumir gas o electricidad”.
Frente a este panorama, Gronda destacó que el Gobierno de Jujuy mantiene activa la Tarifa Social Provincial, un beneficio que hoy alcanza a más de 68.000 usuarios jujeños y que implica una inversión superior a los 430 millones de pesos cada mes, financiada con recursos de Cauchari. “El esfuerzo financiero que realiza la Provincia para contener el componente tarifario y subsidiar a los sectores de mayor vulnerabilidad es enorme. Sin embargo, la concurrencia de la quita de subsidios federales y el aumento nominal del precio de la energía dispuesto por la Nación impactan de manera inexorable en la economía familiar”, expresó.
El titular de la SUSEPU sostuvo que la situación responde a dos factores simultáneos: la decisión nacional de suprimir subsidios y la indexación del costo energético a valores internacionales. “Este doble impacto genera una coyuntura tarifaria sumamente compleja para el usuario final”, agregó.
En otro orden, Gronda aclaró conceptos sobre el Fondo Provincial de Energía de Jujuy (FOPEJ), que figura en las facturas. Explicó que la Puna y todo el departamento Valle Grande no están conectados al Sistema Interconectado Nacional (SIN), por lo que el suministro eléctrico “depende de centrales de generación local alimentadas con gas y combustibles”. El principal nodo es la Central de Piedra Negra, cerca de La Quiaca.
Según el funcionario, “este sistema aislado tiene costos operativos al menos cinco veces superiores a los del sistema interconectado”. Por ese motivo, el FOPEJ actúa como “un mecanismo solidario de compensación entre todos los usuarios de la provincia para garantizar que, ante un mismo consumo, la tarifa sea igual sin importar la ubicación geográfica”. Anteriormente recibía el nombre de SAP (Sistema Aislado Provincial).
Finalmente, Gronda remarcó que “prescindir de este fondo de compensación solidario tornaría económica y materialmente inviable la prestación del servicio en esas zonas, equivaliendo prácticamente a privar a la Puna del acceso a un servicio básico como es la energía eléctrica”.
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