El Senado debate la ley de propiedad privada y la reforma a las tierras rurales

La Cámara Alta del Congreso tiene previsto tratar este jueves uno de los proyectos más polémicos que impulsa el Gobierno de Javier Milei: la llamada Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada. La iniciativa, que introduce cambios en el régimen de tierras rurales, ha provocado un intenso conflicto entre el oficialismo, la oposición y diversas organizaciones. Después de varias semanas de negociaciones y de un cuarto intermedio por falta de votos, el expediente volverá a discutirse con modificaciones incorporadas en las últimas horas.

El texto busca reforzar las garantías sobre la propiedad privada, restringir las expropiaciones, acelerar los desalojos y ajustar puntos de la Ley de Tierras Rurales. El aspecto más controvertido es el que se refiere a la compra de tierras por parte de capitales extranjeros, sobre todo en zonas consideradas estratégicas por su ubicación o sus recursos naturales.

La versión original del proyecto eliminaba casi todas las restricciones para que extranjeros adquirieran tierras rurales en el país, dejando sin efecto los límites de la Ley 26.737, que está vigente desde 2011. Esa propuesta cosechó un amplio rechazo tanto político como social.

Al no conseguir el respaldo necesario en el Senado, el oficialismo decidió modificar el texto. La nueva redacción conserva un tope nacional del 25% de tierras rurales en manos extranjeras, en lugar del 15% que fijaba el esquema anterior. Este ajuste se realizó para intentar sumar el apoyo de los bloques dialoguistas y evitar una derrota legislativa.

Sin embargo, la falta de votos llevó a que el bloque de La Libertad Avanza, liderado por Patricia Bullrich, diera marcha atrás con ese capítulo. Según informó el oficialismo, en una reunión del bloque con 44 senadores de distintos partidos, se resolvió por consenso postergar el tratamiento del Capítulo III del proyecto, que es justamente el que aborda el régimen de tierras rurales. La decisión fue unánime y busca seguir trabajando en ese punto para alcanzar un consenso más amplio.

Desde La Libertad Avanza aclararon que la postergación no implica eliminar ese capítulo del proyecto, sino que responde a la intención de seguir enriqueciendo el texto con nuevos aportes. Además, se acordó avanzar con el resto de la ley, que incluye reformas al régimen de expropiaciones, los procedimientos de desalojo, la actualización de la Ley de Manejo del Fuego y la modernización del Registro de la Propiedad Inmueble, temas que cuentan con un amplio respaldo entre los bloques que integran el espacio.

La discusión refleja una de las principales tensiones que el Gobierno enfrenta en el Congreso. La administración de Javier Milei sostiene que flexibilizar las reglas permitirá atraer inversiones, impulsar proyectos productivos y dinamizar la economía. En la vereda opuesta, Unión por la Patria, sectores provinciales, organizaciones ambientalistas, movimientos campesinos y comunidades indígenas advierten que la reforma podría facilitar la concentración de tierras y poner en riesgo la soberanía en zonas estratégicas, especialmente aquellas con agua, minerales o en áreas de frontera.

El oficialismo llega a la sesión después de intensas negociaciones con sus aliados. La falta de acuerdo ya había obligado a postergar el debate semanas atrás y a reescribir parte del proyecto. La expectativa ahora está en saber si los cambios alcanzarán para reunir los votos necesarios en una sesión que se prevé larga y con un fuerte debate político. Mientras tanto, organizaciones sociales convocaron a movilizarse frente al Congreso para expresar su rechazo a la reforma y reclamar que se mantengan las restricciones vigentes sobre la compra de tierras por parte de extranjeros.