Fallos judiciales polémicos en Jujuy: beneficios a condenados e imputados que acorralan a las víctimas

Una serie de decisiones judiciales recientes en Jujuy ha generado una profunda preocupación y malestar, dejando en evidencia una distancia cada vez mayor entre los criterios de los magistrados y la protección que requieren las víctimas. Estas medidas, que incluyen desde salidas transitorias para personas condenadas a prisión perpetua hasta la prisión domiciliaria o la liberación de imputados por delitos sexuales, han puesto a la Justicia penal en el centro de la controversia.

Las resoluciones, que corresponden a causas que se tramitan en San Pedro de Jujuy y en la capital provincial, han provocado el rechazo inmediato del Ministerio Público de la Acusación (MPA), de las querellas y, sobre todo, de las familias que aseguran estar atravesando una clara revictimización institucional.

Salidas transitorias para un femicida condenado

El primer caso de esta cadena de fallos se conoció en la causa por el femicidio de Tania Palacios, ocurrido en 2019 en San Pedro de Jujuy. Mauro Aparicio Maza, ex efectivo de la Policía Federal Argentina que fue condenado a cadena perpetua por matar a su pareja con su arma reglamentaria, recibió el beneficio de salidas transitorias diarias para visitar a sus familiares.

La medida, que fue dispuesta por el juez de Ejecución de la Pena, Emilio Cattan, autoriza el traslado diario del condenado bajo custodia policial durante un período de 9 a 12 horas. Esta noticia causó un profundo dolor en la madre de la víctima, quien manifestó que la familia se enteró del beneficio de manera imprevista y cuestionó que el Estado destine recursos móviles y personal para el traslado del condenado, mientras el entorno de la víctima continúa sufriendo secuelas psicológicas sin haber recibido notificación previa.

Prisión domiciliaria a pesar del riesgo procesal

En otro fallo que conmocionó al Centro Judicial de San Pedro, el juez de Juicio Juan Ángel Cabezas Hametti otorgó la prisión domiciliaria al principal imputado en una causa por abuso sexual sistemático contra una adolescente de 14 años. La resolución se dictó días después de un hecho clave en la causa: la declaración de la menor en Cámara Gesell, donde reveló que su propia madre la amenazaba para encubrir al agresor.

A pesar de que la Fiscalía imputó a la madre por encubrimiento y la Oficina de Protección de Derechos (OPD) retiró la custodia de las menores, el magistrado decidió otorgar la domiciliaria al imputado de 31 años. El fallo ignoró la firme oposición del fiscal Juan Baiud, quien advirtió sobre el inminente riesgo de entorpecimiento probatorio y recordó que el sujeto ya había violado una exclusión de hogar previa. Además, la defensa no logró acreditar fehacientemente el vínculo con el inmueble fijado para el arresto ni se cumplían las condiciones objetivas de edad o salud que exige el Código Procesal Penal.

Libertad para un policía federal imputado por abuso

La seguidilla de resoluciones cuestionadas sumó un tercer capítulo con la decisión del juez Roberto Darío Assef, quien dispuso la libertad de un efectivo de la Policía Federal imputado por los delitos de abuso sexual gravemente ultrajante y acceso carnal en perjuicio de una menor de edad.

El magistrado rechazó el pedido de prórroga de la prisión preventiva solicitado por el fiscal Alejandro Maldonado —quien requería 20 días para peritar el teléfono del acusado— y ordenó que la pericia se realice con el imputado en libertad. Aunque se fijó residencia en Tilcara y una perimetral de 300 metros, la decisión provocó la desesperación de la madre de la víctima, una menor que atraviesa tratamiento psiquiátrico tras revelar el hecho a partir de un intento de autolesión. La querella advirtió sobre el riesgo real de coacción a testigos dada la condición de uniformado del acusado.

Un sistema que desampara a la víctima

Más allá de las particularidades de cada expediente, las tres resoluciones exhiben un hilo conductor que reaviva el debate social sobre el garantismo judicial: la primacía de los beneficios procesales para el acusado por encima de las garantías de protección de las víctimas.

Entre el desgaste de haber atravesado instancias como la Cámara Gesell, la falta de notificación a las querellas y el temor constante a represalias o al entorpecimiento de las causas, las familias de Tania Palacios y de las menores involucradas coincidieron en señalar a los magistrados como responsables directos de su seguridad. Ante este escenario, tanto el MPA como las representaciones querellantes avanzan en recursos de apelación para revertir decisiones que consideran un grave retroceso en el acceso a la justicia.