Condena al ex intendente de Tilcara por la causa de los cheques voladores

Ricardo Romero, quien fuera intendente de Tilcara, recibió una sentencia de tres años de prisión de ejecución condicional y la inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos. La resolución se enmarca en la investigación conocida como “cheques voladores”. De acuerdo con lo informado por el Ministerio Público de la Acusación de Jujuy, el exfuncionario admitió su culpabilidad y reconoció la existencia de los hechos que se le imputaban.

La justicia determinó que Romero es responsable de los delitos de administración fraudulenta en perjuicio de la Administración Pública (en cuatro ocasiones), exacciones ilegales, concusión y abuso de autoridad. En el mismo expediente, también fue sentenciado Juan José Ortega, quien ocupaba el cargo de tesorero municipal durante el período en que sucedieron los hechos. Ortega recibió una pena de dos años de prisión condicional y la inhabilitación perpetua para ejercer la función pública, siendo hallado culpable de administración fraudulenta en perjuicio del Estado en cuatro hechos.

La causa se originó a partir de eventos ocurridos en enero de 2018, cuando Romero lideraba la organización del tradicional Enero Tilcareño. Según el MPA, desde la gestión municipal se habrían emitido cheques sin el respaldo financiero correspondiente para abonar a productores, músicos y otros proveedores vinculados al evento. La pesquisa estableció la emisión de 46 cheques sin fondos, que en esa época representaban cerca de 35 millones de pesos, generando perjuicios económicos a diversas personas relacionadas con la organización y los servicios del festival.

El caso se resolvió a través de un juicio abreviado. En la audiencia, tanto Romero como Ortega aceptaron su responsabilidad penal y dieron su conformidad para que el proceso se resolviera por esa vía. Como resultado, el exintendente fue condenado a tres años de prisión condicional e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, mientras que el ex tesorero recibió dos años de prisión condicional y la misma inhabilitación para desempeñar funciones públicas.