El Gobierno vuelve a rechazar una asistencia a morosos con fondos públicos

La administración nacional mantiene su postura de no intervenir en la crisis de deudores, a la que define como un “problema entre privados”. Este martes, el vocero presidencial Adrián Ravier reiteró esa posición y explicó que cualquier tipo de ayuda estatal implicaría utilizar el dinero de los contribuyentes para rescatar a los bancos.

Ravier señaló que el origen del inconveniente se encuentra en las propias entidades financieras, que otorgaron préstamos con intereses altos para protegerse de los riesgos asumidos. Esa estrategia, según el funcionario, dejó en una situación comprometida tanto a bancos como a entidades no bancarias. En ese marco, descartó la intervención del Estado con fondos públicos y lanzó una advertencia: “Tomar recursos de una parte de la población para salvar a los bancos”.

El vocero presidencial explicó que un programa de ayuda debería financiarse con el dinero de los contribuyentes, por lo que cuestionó la posibilidad de que el Estado actúe para aliviar la situación de los morosos. Para Ravier, una medida así generaría una transferencia de recursos hacia las entidades financieras. “Salvar esta situación desde el Gobierno con dinero de los pagadores de impuestos de alguna manera implicaría tomar recursos de una parte de la población para salvar a los bancos”, afirmó.

Además, el vocero presidencial apuntó contra la oposición y el Congreso por el contexto que llevó al aumento de la morosidad. Cuestionó que se hayan aprobado leyes sin especificar el origen de los fondos para financiarlas y relacionó esa situación con el deterioro posterior. “Las líneas de crédito se incrementan en 2024, las moras aparecen en el contexto de 2025”, señaló, antes de criticar la aprobación “con mucha irresponsabilidad” de proyectos sin financiamiento claro.

Estas declaraciones retoman el argumento que el presidente Milei había planteado días atrás en Rosario, durante el aniversario de la Bolsa de Comercio de Rosario. En esa ocasión, el mandatario defendió su política económica y negó que el aumento de la morosidad pudiera atribuirse a sus medidas. “No hay elementos para culpar a la política del Gobierno por lo que está pasando en términos de morosidad”, había dicho.

El reclamo por la situación de los deudores también creció en la política y el sindicalismo. Ya hay más de 30 iniciativas presentadas por diferentes bloques, mientras que algunos gobernadores comenzaron a impulsar medidas desde sus provincias. El bonaerense Axel Kicillof y el riojano Ricardo Quintela se sumaron a esos reclamos. La CGT, por su parte, realizó el jueves pasado una movilización y pidió, entre otras cosas, que el Gobierno regule las tasas de interés de los préstamos.

Entre las propuestas presentadas se destaca la del radical Pablo Juliano, que plantea la creación de un régimen judicial de rehabilitación financiera para personas en situación de insolvencia y sobreendeudamiento estructural. El proyecto busca generar un mecanismo específico para quienes enfrentan dificultades para afrontar sus compromisos financieros.

Otra de las propuestas es la de la diputada de Unión por la Patria Vanesa Siley, quien plantea crear una plataforma digital administrada por la ANSES para concentrar la información de deudores y acreedores. El mecanismo permitiría ordenar las obligaciones y avanzar en su reestructuración, mientras que el organismo determinaría la capacidad de pago de cada persona, con un límite del 33% de sus ingresos.

El socialista Esteban Paulón también presentó cuatro iniciativas para abordar el problema de la morosidad. Entre ellas, una plantea reformar la Ley de Concursos y Quiebras y otorgarles a los jueces mayores herramientas para intervenir en las deudas. En particular, propone que puedan reducir o eliminar intereses y hasta declarar la nulidad parcial de un crédito en determinados casos.