Argentina rechazó la guía británica por Malvinas y anticipó más sanciones

El Gobierno nacional manifestó su rechazo a la guía que el Reino Unido difundió con el objetivo de respaldar a empresas, proveedores e inversores que llevan adelante actividades en las Islas Malvinas, y adelantó que profundizará las medidas contra las compañías que operen sin la autorización argentina.

La reacción oficial llegó después de que Londres diera a conocer un documento destinado a compañías y particulares que se vinculan de manera directa o indirecta con la economía de las islas. En ese texto, el Gobierno británico afirma que la Argentina no ejerce jurisdicción sobre el archipiélago y que la legislación argentina no se aplica en ese territorio.

Desde Cancillería desestimaron esa postura y confirmaron que seguirán aplicando la legislación nacional referida a las actividades hidrocarburíferas.

La respuesta de Argentina por las actividades en Malvinas

El Ejecutivo ratificó la vigencia de las leyes 26.659 y 26.915, vinculadas con las actividades hidrocarburíferas en la plataforma continental argentina. De acuerdo con lo informado por el Gobierno, ese marco fue reforzado a través del Decreto 868/2026.

“Ninguna guía gubernamental extranjera ni decisión comercial privada puede situarse por encima del derecho nacional argentino y del derecho internacional”, señaló Cancillería en su respuesta.

El Gobierno sostuvo que continuará avanzando contra empresas, inversores y proveedores que participen directa o indirectamente de actividades que la Argentina considera no autorizadas.

Cerca de 180 advertencias y 60 procedimientos

Cancillería también informó el alcance de las medidas que ya están en marcha. Según detalló, se enviaron cerca de 180 notas de advertencia y asunción de riesgos a personas físicas y jurídicas de 30 países relacionadas con actividades en las islas.

A eso se suman 60 procedimientos administrativos en curso y tres denuncias penales presentadas que alcanzan a diez empresas y a sus directivos.

El planteo argentino no se circunscribe a las compañías que operan directamente en Malvinas, sino que también abarca a contratistas, proveedores, inversores y otros actores vinculados con esas actividades.

El proyecto Sea Lion, otro de los puntos cuestionados

Uno de los principales focos que mencionó el Gobierno es Sea Lion, el proyecto petrolero previsto en la Cuenca Malvinas Norte.

Cancillería aludió a Rockhopper Exploration y Navitas Petroleum y volvió a poner en cuestión las licencias otorgadas para avanzar con la explotación de hidrocarburos.

En ese marco, el Gobierno convocó a los embajadores del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte y de Israel para transmitir formalmente sus objeciones por el avance del proyecto y por las actividades relacionadas con licencias, incentivos y contratación de proveedores.

La respuesta argentina también mencionó la Resolución 31/49 de la Asamblea General de Naciones Unidas, que insta a las partes a abstenerse de introducir modificaciones unilaterales mientras sigue pendiente una solución a la disputa de soberanía.

Por último, Cancillería reiteró la disposición argentina a reanudar negociaciones bilaterales con el Reino Unido por la cuestión de las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes.