El Gobierno presentó un nuevo proyecto de discapacidad ante los bloques aliados

Con la mira puesta en destrabar la reforma que permita dejar atrás la Emergencia en Discapacidad y superar la polémica que despertaron los recortes incluidos en el Presupuesto 2027, el Gobierno Nacional acercó este martes a los bloques aliados una nueva propuesta sobre discapacidad.

El artículo 1 de la iniciativa fija como meta “fortalecer de forma permanente la previsibilidad, transparencia y eficiencia de las políticas públicas destinadas a las personas con discapacidad, reafirmar y asegurar los derechos de las personas con discapacidad, la continuidad de las prestaciones”.

La pensión no contributiva por discapacidad sigue vigente en este nuevo texto, a diferencia de lo que planteaba la propuesta original del Presupuesto 2027, y se actualizará todos los meses según la inflación, igual que en la actualidad. Los beneficiarios, además, tendrán asegurado el acceso a un programa médico de atención y cobertura de salud. También se prevé que la pensión pueda cobrarse junto con un trabajo registrado, siempre que la remuneración no supere el equivalente a dos salarios mínimos, vitales y móviles.

En tanto, quienes contraten a personas con discapacidad mediante contratos de trabajo por tiempo indeterminado podrán obtener beneficios impositivos.

Nomenclador universal

Uno de los puntos más cuestionados por las organizaciones vinculadas a la discapacidad era la posible eliminación del nomenclador universal de prestaciones y del arancel unificado, lo que hubiera habilitado a cada obra social, empresa de medicina prepaga o provincia a fijar sus propios valores. El nuevo dictamen oficialista, en cambio, ratifica que ambos instrumentos continúan, en sintonía con lo que dispone hoy la Ley de Emergencia en Discapacidad.

El artículo 4 sostiene la vigencia del artículo 7° bis de la Ley 24.901, incorporado por la Ley 27.793, que establece que los valores de los aranceles del Sistema de Prestaciones Básicas de Atención Integral para las Personas con Discapacidad serán iguales para todas las entidades obligadas por la normativa. Esos aranceles los determinará el directorio del Sistema de Prestaciones Básicas y se actualizarán según el mecanismo del Decreto 274/24, que fija el índice de movilidad de jubilaciones, pensiones y asignaciones, o la norma que llegue a reemplazarlo.

Compensaciones para prestadores

La iniciativa también ratifica el derecho de los prestadores a cobrar las compensaciones previstas, con pagos que deberán concretarse dentro de los plazos del cronograma correspondiente. El reclamo se relaciona con las compensaciones del artículo 13 de la Ley de Emergencia en Discapacidad, pensadas para cubrir el atraso acumulado entre diciembre de 2023 y diciembre de 2024 que no habría quedado compensado con las actualizaciones posteriores.

Auditorías sobre las pensiones

Otro de los ejes del texto es un sistema de auditorías periódicas a cargo de la Secretaría Nacional de Discapacidad, cuyo fin será verificar el cumplimiento de los requisitos para mantener las pensiones no contributivas por invalidez laboral y las pensiones por discapacidad. Para eso, el organismo deberá empezar por controlar los requisitos documentales y socioeconómicos que puedan constatarse de manera objetiva mediante el cruce de información con bases de datos públicas.

Presupuesto para el área

Por último, la propuesta suma una garantía presupuestaria para sostener las políticas de discapacidad: las partidas del área “no podrán ser inferiores en términos reales al del ejercicio inmediato anterior”.

Con esta movida, el Gobierno busca avanzar con una nueva propuesta que conserva buena parte del esquema vigente de prestaciones y pensiones, al tiempo que incorpora mecanismos de control y fija pautas para garantizar el financiamiento del sistema. Seguí toda la información sobre política nacional y sobre temas de salud en nuestro sitio.