Régimen penal juvenil en Jujuy: primeras denuncias y los cambios que explicó una jueza

El régimen penal juvenil en Jujuy ya comenzó a aplicarse y genera las primeras actuaciones en la provincia. Por un lado, la jueza del Superior Tribunal de Justicia Emma María Mercedes Arias detalló los alcances de la nueva normativa; por otro, el Procurador General Alejandro Bossati informó sobre las causas iniciales y la logística estatal desplegada.

Arias, en declaraciones a un canal de televisión, sostuvo que la reducción de la edad de responsabilidad penal no puede analizarse de manera aislada. “Este nuevo régimen, a nosotros como sociedad y en lo particular a mí como operadora de derecho, no me parece que sea una respuesta a bajar la edad”, afirmó la magistrada, quien consideró que existen responsabilidades previas que deben asumirse colectivamente: “Yo creo que hay responsabilidades que tenemos que asumir todos como sociedad”.

Uno de los principales cambios es que los adolescentes desde los 14 años podrán quedar comprendidos dentro de un proceso penal especializado. La legislación nacional establece su aplicación a personas desde esa edad y hasta antes de cumplir los 18 años. Sin embargo, Arias remarcó que la modificación no se limita a la edad. “Este nuevo régimen no solamente establece la baja de la edad, es decir, que van a ser parte de un proceso penal los adolescentes menores a partir de los 14 años, sino que además establece una serie de cambios en las medidas que van a tomar quienes estén siendo parte del proceso: fiscales, jueces, supervisores”, explicó.

La reglamentación nacional contempla la figura del supervisor, la formación especializada de quienes intervienen en el sistema, medidas alternativas y mecanismos de atención para las víctimas. Para la jueza, hay dos aspectos centrales sobre los que debe trabajar Jujuy: “la prevención y la capacitación”. “No es qué hacemos con el chico que ya cometió el delito, que ya robó. Vamos a ver qué pasa con ese adolescente antes, dónde verificó una vulnerabilidad, qué podemos hacer por ese niño, por ese adolescente para que no llegue a la instancia de ser parte de un proceso penal”, afirmó.

En cuanto a las primeras causas bajo este esquema, el Procurador General Alejandro Bossati precisó que la provincia ya registra las primeras actuaciones. “Estamos hablando de aproximadamente cinco o seis denuncias con jóvenes de entre 14 y 16 años”, indicó el funcionario, al tiempo que aclaró que se trata de episodios ocurridos principalmente en la vía pública por hechos que no revisten gravedad, tales como agresiones verbales o amenazas. Al tratarse de delitos menores, explicó, el abordaje se realiza desde una perspectiva de Justicia Restaurativa. Este mecanismo busca la toma de conciencia por parte del adolescente, el acompañamiento familiar y la intervención de sus centros de desarrollo (educativos y deportivos), sumado a la posterior aceptación de la víctima para resolver el conflicto sin llegar a la institucionalización.

Arias también explicó que otro de los objetivos será que los propios adolescentes conozcan el alcance del nuevo régimen y comprendan las consecuencias que puede tener la comisión de un delito. “Quien debe conocer este nuevo contexto, esta nueva norma que los rige, son ellos mismos, son los chicos”, señaló. Y agregó: “Esto les impone una nueva responsabilidad, un nuevo protagonismo y una nueva conciencia que deben tener de que cuando ellos cometan un delito o hagan un daño a una persona, ya sea a la persona en sí, a la propiedad o a las cosas, van a tener que hacerse responsables de eso”. La magistrada fue contundente al describir el cambio: “Ya no es que no pasa nada, o que lo van a llamar a los padres y ya está”. “Si ese daño ocasionado por un adolescente se convierte en un proceso penal, ellos van a tener que participar de ese proceso, van a tener que saber de qué fueron responsables y además reparar el daño”, indicó.

El régimen también contempla una mayor participación y atención de las víctimas, además de herramientas orientadas a la educación y reinserción de los adolescentes. La normativa nacional establece como finalidad promover la responsabilidad por los actos, la educación, la resocialización y la integración social. Arias explicó que uno de los objetivos es sostener o recuperar la escolarización del joven involucrado en un proceso. “La finalidad de este nuevo régimen también es la escolarización, o sea, la continuidad de los estudios, la permanencia en los estudios o retomar los estudios de aquel adolescente que estuvo involucrado en esta situación”, señaló. Además, destacó que existen medidas alternativas previas a la privación de la libertad.

En relación con la infraestructura disponible ante eventuales medidas de privación de la libertad, Bossati señaló que se viene trabajando de forma articulada con el Poder Judicial, el Ministerio de Seguridad, la Secretaría de Niñez y la Defensa Pública para adecuar inmuebles destinados al albergue de los jóvenes. Las obras de acondicionamiento se concentran en instalaciones de San Salvador de Jujuy y San Pedro de Jujuy. Según estimaciones del área de Seguridad, la provincia contará con una capacidad total para alojar a entre 15 y 18 jóvenes. El Procurador llevó tranquilidad sobre la operatividad del sistema al recordar que en los años 2024 y 2025 se registraba un promedio de apenas cuatro menores alojados por año.

Desde el Poder Judicial provincial, Arias detalló que mantienen articulaciones con el Poder Ejecutivo, el Ministerio de Desarrollo Humano, la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, la Universidad Nacional de Jujuy, las defensorías, el Ministerio Público de la Acusación, el Ministerio Público de la Defensa y el Ministerio de Seguridad. El trabajo apunta tanto a capacitar a los operadores como a llegar directamente a los adolescentes. También deberán conformarse equipos vinculados a la figura del supervisor, encargado de acompañar al joven una vez impuesta una medida y controlar aspectos relacionados con la salud, educación y asistencia necesaria. “Va a velar porque tenga satisfechas todas las cuestiones médicas o de salud, el tema de los estudios, la escolarización, una asistencia psicológica si es necesaria”, explicó Arias.

Uno de los principales desafíos señalados por la jueza es económico. “La contracara de esto es que este nuevo régimen viene a nosotros sin un presupuesto adecuado ni establecido para ello”, advirtió. Por ese motivo, sostuvo que las instituciones deberán reorganizar recursos y estructuras existentes para responder a las nuevas exigencias. “Con nosotros mismos, con lo que había, hay que reacomodar todo el sistema a este nuevo régimen”, concluyó.

Por último, Bossati recordó que la ciudadanía dispone de las mismas vías institucionales que en las causas de adultos para asentar denuncias. Las presentaciones se pueden realizar en la seccional policial más cercana, en las sedes del Ministerio Público de la Acusación o a través de la página web oficial. Asimismo, destacó la implementación de códigos QR en unidades del transporte urbano de pasajeros de la capital jujeña y reparticiones públicas para facilitar el acceso rápido a los formularios de denuncia virtual.