El Gobierno denunció vuelos ilegales en Malvinas y exigirá sanciones

El Ejecutivo nacional puso en conocimiento público que la firma británica THALES UK LIMITED llevó adelante operaciones aéreas que unieron las Islas Malvinas con Punta Arenas, en Chile, utilizando una aeronave con matrícula del Reino Unido y sin contar con el permiso de las autoridades argentinas. Tras detectar estos vuelos ilegales en Malvinas, el presidente Javier Milei dispuso avanzar con urgencia en procedimientos sancionatorios, denuncias penales y gestiones por la vía diplomática.

La acusación fue dada a conocer por la Oficina del Presidente en un momento de nueva escalada en la disputa entre Argentina y el Reino Unido por la soberanía de las Islas Malvinas y por las actividades económicas que se llevan a cabo en esa área. De acuerdo con la versión del Gobierno, las operaciones de THALES UK LIMITED son una actividad desarrollada sin las autorizaciones que Argentina considera necesarias en el territorio y los espacios marítimos vinculados al archipiélago.

Una conexión aérea que encendió la alarma

Los vuelos denunciados unieron las Islas Malvinas con Punta Arenas, en la región chilena de Magallanes. La actividad coincide con una agenda de encuentros comerciales entre empresarios vinculados a las islas y representantes del sector privado chileno, que busca profundizar los vínculos económicos entre ambos territorios.

La realización de estos vuelos generó especial atención en Buenos Aires debido a que Punta Arenas constituye uno de los principales puntos de conexión del extremo sur de Chile y mantiene vínculos históricos de transporte y abastecimiento con las islas. Para el Gobierno argentino, cualquier operación que involucre al archipiélago debe contemplar la posición argentina sobre la disputa de soberanía y las normas que regulan el espacio aéreo y marítimo nacional.

Frente a la situación, Milei instruyó a los equipos del Gobierno a iniciar procedimientos administrativos y sancionatorios, además de presentar las correspondientes denuncias penales. También se ordenó avanzar por la vía diplomática para dejar asentada la posición argentina frente a las operaciones detectadas.

El conflicto también alcanza al petróleo de Malvinas

La denuncia por los vuelos se conoció el mismo día en que el Gobierno argentino anunció nuevas medidas contra las actividades hidrocarburíferas impulsadas por el Reino Unido en la zona de las Islas Malvinas.

Argentina intimó a Londres a detener, dentro de un plazo de dos semanas, las operaciones vinculadas con el proyecto Sea Lion, destinado a la explotación de hidrocarburos en la Cuenca Malvinas Norte. El Ejecutivo sostiene que esas actividades se desarrollan de manera unilateral en un área cuya soberanía se encuentra en disputa.

Además, la Cancillería y los equipos jurídicos del Gobierno fueron instruidos para iniciar el procedimiento de arbitraje previsto en el Anexo VII de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. El objetivo planteado por Argentina es impedir la explotación de los recursos hidrocarburíferos y evitar nuevas medidas que, según el Gobierno, puedan agravar la controversia.

Si el Reino Unido no cumple con el requerimiento dentro del plazo establecido, Argentina anticipó que solicitará al Tribunal Internacional del Derecho del Mar la adopción de medidas provisionales para preservar los derechos que el país sostiene sobre su plataforma continental.

Una nueva disputa con impacto en la relación con Chile

El episodio también se produce en un contexto de creciente actividad comercial entre empresarios de las Islas Malvinas y representantes de la región de Magallanes. La posibilidad de profundizar las conexiones aéreas, marítimas y comerciales entre las islas y el sur de Chile agrega un nuevo componente a la disputa diplomática.

Para Argentina, el desarrollo de esas actividades debe ser analizado dentro del marco de la controversia de soberanía sobre las Malvinas. El Gobierno sostiene que continuará utilizando herramientas administrativas, judiciales y diplomáticas para cuestionar las actividades que considere contrarias a sus derechos.

La Casa Rosada ratificó así una estrategia que combina reclamos diplomáticos, acciones judiciales y medidas administrativas frente a las actividades británicas en el Atlántico Sur. La denuncia contra THALES UK LIMITED por los vuelos entre Malvinas y Punta Arenas se suma a las acciones iniciadas contra empresas vinculadas con la explotación de hidrocarburos en la zona.