Juicio por la muerte de Maradona: la Fiscalía pidió 12 años para Luque y 8 para Cosachov

En el marco del juicio por la muerte de Maradona, el Ministerio Público Fiscal presentó su alegato y solicitó penas de prisión para los profesionales de la salud imputados. El pedido más alto recayó sobre Leopoldo Luque: 12 años de cárcel y una década de inhabilitación para ejercer la medicina. Para Nancy Forlini, la acusación reclamó 10 años de prisión y otros 10 de inhabilitación profesional, mientras que Agustina Cosachov enfrenta una solicitud de 8 años de prisión y 10 de inhabilitación.

Las cifras para el resto de los acusados fueron menores. Carlos Díaz recibió un pedido de 5 años de prisión y 10 de inhabilitación profesional. En tanto, para Mariano Perroni y Ricardo Almirón la Fiscalía solicitó 4 años de cárcel y 4 años de inhabilitación en cada caso.

Según el planteo del fiscal Ferrari, Luque, Forlini y Cosachov conocían los riesgos que corría el paciente y, pese a ello, no tomaron las medidas necesarias para evitarlos. Por ese motivo, los tres habrían incurrido en homicidio con dolo eventual, al haber previsto el peligro y aceptarlo con indiferencia. Para Díaz, Perroni y Almirón, en cambio, el debate no permitió acreditar esa indiferencia, aunque sí conductas negligentes que configurarían homicidio culposo.

El alegato dedicó un tramo central a Luque y Forlini, señalados como los principales responsables de las condiciones en que Maradona recibió atención médica. Sobre el neurocirujano, el fiscal afirmó que no pidió los estudios correspondientes, no mantuvo al día la historia clínica ni gestionó una internación en un centro especializado, pese a las recomendaciones recibidas. También cuestionó que haya autorizado el traslado del exfutbolista a una vivienda sin el equipamiento necesario para su delicado estado de salud. Entre las acusaciones, mencionó que Luque habría ignorado signos de insuficiencia cardíaca, incluso cuando personas de su entorno le advertían sobre la hinchazón que presentaba Maradona.

Respecto de Forlini, coordinadora de la atención médica domiciliaria, el fiscal sostuvo que no verificó las condiciones de la vivienda, no confeccionó correctamente la documentación clínica y no garantizó una comunicación efectiva entre los profesionales a cargo del paciente. A criterio de la acusación, esas decisiones derivaron en una atención médica desorganizada durante los últimos días de vida de Maradona.

La Fiscalía también apuntó contra la psiquiatra Agustina Cosachov, a quien responsabilizó por no haber gestionado una internación especializada y por presuntas deficiencias en el control de la administración de psicofármacos. Ferrari sostuvo que Cosachov tampoco habría advertido adecuadamente los síntomas de insuficiencia cardíaca del exfutbolista.

En cuanto al psicólogo Carlos Díaz, el fiscal señaló que no impulsó una rehabilitación en un establecimiento especializado, intervino en decisiones ajenas a sus competencias profesionales y avaló el retiro de acompañantes terapéuticos. También afirmó que habría ocultado al entorno familiar información sobre el verdadero estado de salud de Maradona y restringido las visitas de sus familiares.

Sobre Mariano Perroni, coordinador de enfermería, la Fiscalía cuestionó la falta de supervisión del personal, las deficiencias en la transmisión de información clínica y su presunta participación en la falsificación de planillas. Por último, respecto de Ricardo Almirón, señaló que no habría advertido signos evidentes de insuficiencia cardíaca ni realizado controles vitales fundamentales durante la jornada del 25 de noviembre de 2020, cuando murió Maradona.

Otra decisión relevante de la jornada fue el retiro de la acusación contra el médico clínico Pedro Di Spagna. Ferrari explicó que, tras analizar las pruebas del debate, el Ministerio Público Fiscal concluyó que el profesional no tenía responsabilidad penal en la muerte de Maradona. Argumentó que Di Spagna cumplía funciones como médico interconsultor y no tenía capacidad de decisión sobre el tratamiento general del paciente. La Fiscalía consideró que sus intervenciones no incrementaron el riesgo para la salud del exfutbolista y pidió su absolución.

Pese a las penas solicitadas, Ferrari adelantó que la Fiscalía no reclamará la detención de los imputados en esta instancia. El argumento principal es que todos permanecieron a disposición de la Justicia durante el proceso y, según el fiscal, no hay elementos que permitan presumir un riesgo de fuga. No obstante, solicitó mantener la prohibición de salida del país y que, en caso de un veredicto condenatorio, los acusados entreguen formalmente sus pasaportes. También pidió comunicar las restricciones a los organismos correspondientes, con especial atención a los países limítrofes, donde es posible ingresar con el DNI. Además, propuso que los imputados se presenten mensualmente ante la Justicia y que no puedan ausentarse de sus domicilios por más de 24 horas sin autorización.

El juicio se desarrolla en los tribunales de San Isidro y busca determinar las responsabilidades penales por la muerte de Diego Armando Maradona, ocurrida el 25 de noviembre de 2020 durante una internación domiciliaria en Tigre. El debate actual comenzó el 14 de abril de 2026, después de que el primer juicio fuera declarado nulo en 2025 por el escándalo vinculado con la participación de una de las juezas en la grabación de un documental. Las penas solicitadas todavía no constituyen condenas: la decisión final sobre la responsabilidad de cada acusado y las eventuales sanciones quedará en manos del tribunal una vez concluida la etapa de alegatos.