Diputados: acuerdo para restituir límites a la venta de tierras a extranjeros

El oficialismo alcanzó un entendimiento con bloques aliados en la Cámara de Diputados para volver a fijar restricciones a la venta de tierras a extranjeros en zonas rurales. Esa modificación quedó incluida dentro del proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada.

El dictamen se consiguió este miércoles y el tratamiento en el recinto está previsto para el 21 de octubre. Con el cambio se pretende recuperar los límites que fijaba la Ley 26.737, los cuales habían sido eliminados por el DNU 70/23 impulsado por el Gobierno de Javier Milei.

La modificación también llega después de que la Corte Suprema repusiera de manera temporal, a través de una medida cautelar interina, la vigencia de la denominada Ley de Tierras.

El proyecto suma dos artículos que dejan sin efecto la derogación de la Ley 26.737 y le devuelven vigencia. Así, una persona física o jurídica extranjera no podrá ser titular de más del 15% de las tierras rurales del país, de cada provincia y de cada departamento. Tampoco una misma nacionalidad podrá concentrar más del 30% del porcentaje de tierras habilitado para titulares extranjeros.

La normativa también fija restricciones para adquirir tierras rurales que contengan cuerpos de agua relevantes y para las que estén en zonas de seguridad de frontera.

Con el acuerdo entre el oficialismo y sus aliados se busca evitar que el rechazo a la venta de tierras sin límites termine habilitando un escenario que facilite la derogación completa del DNU 70/23.

La iniciativa de Inviolabilidad de la Propiedad Privada no se limita al tema de las tierras. También introduce cambios sobre expropiaciones, ocupación de inmuebles y desalojos.

En cuanto a las expropiaciones, plantea que el Estado deba justificar de manera expresa y estricta la declaración de utilidad pública. Asimismo, modifica el cálculo de la indemnización, tomando como referencia el valor de mercado y contemplando el lucro cesante.

El proyecto también prevé la restitución sumaria de inmuebles ocupados, con un plazo de hasta 72 horas cuando el propietario pueda acreditar su titularidad mediante la documentación correspondiente.

Para los casos de falta de pago, establece un mecanismo de desalojo que requiere una intimación previa al inquilino, quien tendrá 10 días para cancelar la deuda.

La iniciativa obtuvo media sanción en el Senado a principios de agosto. Si Diputados la aprueba con las modificaciones incorporadas, deberá regresar a la Cámara Alta para su tratamiento definitivo.

Mientras tanto, sigue el debate político y judicial en torno al DNU 70/23, que eliminó distintas regulaciones en áreas como comercio, transporte, alquileres, salud, mercado laboral y venta de tierras.