Cibercrimen en Jujuy: especialistas analizan el avance de las estafas digitales

El cibercrimen en Jujuy concentra la atención de especialistas de todo el país. El Observatorio de Cibercrimen y Evidencia Digital en Investigaciones Criminales (OCEDIC), dependiente de la Universidad Austral, junto con el Ministerio Público de la Acusación provincial, organiza una jornada que reúne a expertos en investigación judicial, evidencia digital y delitos cometidos mediante internet.

Del encuentro participan el procurador general del MPA de Jujuy, Alejandro Bossatti; la fiscal especializada en Cibercrimen de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Daniela Dupuy; y Bárbara Moramarco, referente del Cuerpo de Investigaciones Judiciales porteño. La propuesta apunta a examinar las transformaciones que atraviesan las investigaciones penales, sobre todo cuando los hechos se producen a través de celulares, redes sociales y plataformas digitales.

Bossatti subrayó el valor de que la provincia haya sido escogida como sede del tercer congreso regional y resaltó la llegada de profesionales que trabajan a diario en la pesquisa de delitos tecnológicos. “Tenemos la suerte de tener a los mejores especialistas del país en la temática”, manifestó el procurador, para quien la jornada permitirá sumar conocimientos y afianzar la preparación de los equipos judiciales. Esa inquietud responde a una realidad que también se registra en el territorio provincial: según había explicado Bossatti, las causas por delitos informáticos crecieron de manera considerable en los últimos años, en especial las vinculadas con estafas virtuales.

Frente a ese panorama, la actualización constante se vuelve indispensable, ya que las herramientas de los investigadores deben avanzar al mismo ritmo que las aplicaciones y los mecanismos usados para delinquir.

Dupuy, referente de OCEDIC, indicó que el encuentro pretende comparar experiencias y conocer el modo de trabajo de cada jurisdicción ante problemáticas similares. “El objetivo claramente es intercambiar experiencias, ver en qué lugar estamos cada una de las ciudades a la hora de hacerles frente al cibercrimen”, afirmó. Entre los ejes que se tratan mencionó los delitos que afectan a niños y adolescentes, los fraudes informáticos, la recolección de evidencia digital y la protección de las pruebas que luego llegan a la Justicia.

Uno de los mayores retos consiste en preservar información que puede alterarse o desaparecer con rapidez. Mensajes, conversaciones, archivos, publicaciones y registros de aplicaciones pueden resultar claves para reconstruir un hecho delictivo. Dupuy remarcó que las herramientas forenses permiten resguardar esos datos y asegurar que puedan utilizarse en un proceso judicial, con la meta de que la evidencia llegue en condiciones adecuadas a la instancia de juicio oral.

Moramarco, en tanto, advirtió que investigar ciberdelitos obliga a incorporar tecnologías de manera permanente. “Muchísima inteligencia artificial, nuevos software, nuevas UFED para poder trabajar sobre la dinámica que acontece en los celulares, que hoy es el campo de actuación de los nuevos delitos”, describió. Las UFED posibilitan procedimientos de extracción y análisis forense de información de determinados dispositivos móviles, bajo las condiciones técnicas y legales correspondientes. La especialista explicó que los equipos judiciales de Buenos Aires trabajan en sumar estos recursos para responder a modalidades delictivas que siguen creciendo.

Otro de los puntos centrales del congreso es el uso de celulares y redes sociales por parte de niños y adolescentes, sobre todo cuando ciertas conductas pueden constituir delitos. Moramarco señaló que los entornos digitales se volvieron espacios habituales de interacción y que muchas situaciones que antes ocurrían de forma presencial hoy se desarrollan mediante aplicaciones. “Lo que nosotros conocíamos antes como una intersección de una calle, como el momento de comisión de un delito, hoy pasa todo en la tecnología”, sostuvo.

La especialista indicó que en la Ciudad de Buenos Aires ya observan situaciones de naturaleza delictiva que involucran a chicos de 12 y 13 años, lo que plantea nuevos desafíos para las familias, las instituciones educativas y los organismos judiciales. También mencionó que trabajan en adecuar los procedimientos al nuevo Régimen Penal Juvenil, que establece responsabilidad penal desde los 14 años; la existencia de conductas delictivas a edades menores no implica que esos niños sean penalmente punibles bajo ese régimen.

En materia de prevención, Moramarco consideró fundamental que las escuelas acompañen el aprendizaje sobre el uso responsable de la tecnología desde los primeros años de escolaridad. Consultada sobre la posibilidad de restringir los celulares en las instituciones educativas, señaló que es una medida recomendable, aunque destacó sobre todo la importancia de enseñar a utilizarlos de manera segura. “Siempre que sea el sector primario y que podamos nosotros trabajar con educación para dar un uso cuidado, siempre los resultados van a ser positivos”, afirmó.

La responsabilidad de las familias también ocupa un lugar relevante. Los especialistas remarcaron que el acompañamiento de los adultos, la supervisión de las aplicaciones y la conversación sobre los riesgos de internet son herramientas necesarias para prevenir situaciones de violencia digital, engaños y otros delitos. En ese sentido, Bossatti recordó que una de las recomendaciones más importantes para evitar estafas es desconfiar cuando una persona, empresa o supuesto organismo solicita información personal o bancaria mediante mensajes y llamadas.

El III Congreso Regional de Cibercrimen busca fortalecer estas respuestas desde distintos ámbitos. Además de incorporar herramientas tecnológicas para investigar, los participantes coinciden en la necesidad de compartir conocimientos entre provincias y promover la educación digital.