Nueva ley de discapacidad: los cambios en pensiones, trabajo y salud
El Senado sancionó la nueva ley de discapacidad con 71 votos a favor: garantiza pensiones, permite trabajar con límites y sostiene la cobertura médica.
Con 71 votos a favor y ninguno en contra, el Senado de la Nación aprobó este jueves la Ley de Fortalecimiento, Sostenibilidad y Eficiencia Permanente del Sistema de Discapacidad. De acuerdo con los datos de la votación difundidos, la iniciativa apunta a asegurar que las pensiones, las prestaciones y la cobertura médica sigan vigentes a través de un régimen permanente, que sustituirá la emergencia que rige hasta el 31 de diciembre de 2026.
La norma conserva los derechos ya previstos en el sistema actual, suma herramientas de control y fija condiciones de financiamiento, con el objetivo de dar mayor previsibilidad tanto a las personas con discapacidad como a los prestadores.
Qué cambia con la nueva ley de discapacidad
Entre los aspectos centrales aparece la continuidad de las pensiones no contributivas por discapacidad, cuyo monto representa el 70% de la jubilación mínima y se ajusta conforme a la movilidad correspondiente. El Certificado Único de Discapacidad (CUD) continuará siendo una herramienta clave dentro del sistema.
Asimismo, el texto habilita que una persona cobre su pensión y, al mismo tiempo, trabaje en relación de dependencia o como monotributista, siempre que los ingresos laborales no excedan el equivalente a dos salarios mínimos, vitales y móviles. En caso de superarse ese tope, el beneficio podrá quedar suspendido mientras se mantenga esa situación, con mecanismos previstos para retomar el cobro cuando vuelvan a cumplirse las condiciones.
Prestaciones médicas y tratamientos
La normativa asegura la continuidad del Programa Federal Incluir Salud, o del sistema que lo reemplace, dirigido a titulares de pensiones que carecen de otra cobertura médica. También se conserva el nomenclador único nacional, que fija los valores de referencia para servicios como rehabilitación, terapias y transporte. Los aranceles de estas prestaciones contarán con actualizaciones automáticas y periódicas atadas a la movilidad jubilatoria y a la inflación.
Auditorías y financiamiento
El Estado tendrá la facultad de hacer auditorías periódicas para comprobar el cumplimiento de los requisitos de las pensiones, mediante cruces de información con organismos nacionales. Frente a posibles irregularidades, se prevén mecanismos de notificación y el derecho a presentar un descargo, con un plazo de 60 días.
En el plano económico, se fija un piso presupuestario para discapacidad que no podrá reducirse en términos reales respecto del año anterior. Además, se contemplan mecanismos para cancelar deudas pendientes con prestadores.
Cuándo entra en vigencia
Después de su aprobación en el Congreso, la norma deberá remitirse al Poder Ejecutivo para su promulgación y publicación en el Boletín Oficial, aunque no se descarta la posibilidad de un veto. El texto dispone que comenzará a regir al día siguiente de su publicación y prevé un plazo de 30 días hábiles para su reglamentación.
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