Las autoridades policiales de la Unidad Regional Nº 7 revelaron detalles sobre las acciones implementadas luego del suceso fatal ocurrido durante la madrugada del sábado pasado en la zona de Tupac Amaru, en Alto Comedero. El comisario mayor Tintilay, responsable de la dependencia, brindó información sobre cómo se desarrollaron los hechos y las medidas de seguridad adoptadas posteriormente.
Lo que inicialmente fue reportado como un episodio de heridas provocadas con objetos cortopunzantes evolucionó hacia una situación mucho más grave. El jefe policial explicó que cuando el SAME intervino en el lugar, la condición de la víctima se agravó considerablemente, resultando en su fallecimiento. El incidente tuvo lugar durante una reunión no permitida que funcionaba en una vivienda ubicada en Pozo Cavado, donde se cobraba entrada a los asistentes por un monto de 500 pesos.
La concentración juvenil había sido promocionada mediante publicidad difundida en redes sociales, atrayendo a numerosos jóvenes, incluyendo menores de edad. Aunque la Policía contaba con información sobre posibles disturbios relacionados con las festividades del “banderazo”, no disponía de datos específicos sobre la ubicación exacta del evento. “Teníamos conocimiento de que podría ocurrir algo, pero no sabíamos dónde”, manifestó Tintilay. Una vez confirmado que se trataba de una víctima menor, se desplegó un operativo de emergencia con participación de efectivos policiales y coordinación con la Fiscalía, logrando la captura de los presuntos responsables. En el operativo fueron trasladadas más de ocho personas, varios de ellos menores cuyos progenitores debieron concurrir al lugar.
Los investigadores sostienen que el conflicto surgió por rivalidades territoriales entre grupos de jóvenes de diferentes barrios, particularmente entre residentes de Tupac Amaru y de las 47 Hectáreas, situación que se vio intensificada por el consumo de bebidas alcohólicas. Tras conocerse amenazas publicadas en plataformas digitales, incluyendo advertencias sobre posibles incendios, la propietaria de la vivienda optó por abandonar la propiedad. La Policía estableció un dispositivo de vigilancia permanente en el domicilio como medida preventiva.
Respecto a los individuos detenidos, permanecen bajo custodia judicial mientras continúan las diligencias. Existe la posibilidad de que una mujer adulta haya participado en los hechos junto a su pareja, quien podría ser menor de edad, aunque esta información aún requiere confirmación oficial. “La Fiscalía es quien lleva adelante estas investigaciones en este momento”, precisó el comisario. Las pesquisas continúan en desarrollo y se contemplan posibles acciones judiciales adicionales en los próximos días.
