Decenas de víctimas de la estafa inmobiliaria Horizonte se congregaron en las inmediaciones del Juzgado de Control Penal Económico para manifestar su rechazo a una medida judicial que los sorprendió: la separación de la abogada Silvana Llanes de la representación legal del caso. Los damnificados consideran que esta determinación fue tomada de manera unilateral, sin que mediara consulta alguna con la mayoría de los afectados, y que responde únicamente a los intereses de un reducido grupo de personas.
La causa Horizonte involucra a cientos de familias jujeñas que adquirieron terrenos bajo falsas promesas de servicios y documentación que nunca se concretaron. Entre 250 y 300 personas resultaron perjudicadas por lo que se considera una de las mayores defraudaciones inmobiliarias registradas en Jujuy. A lo largo de los años, los compradores realizaron pagos sin recibir los lotes en las condiciones acordadas, generando un conflicto legal que se ha extendido sin soluciones definitivas.
Según relató Lidia Balcarce, una de las damnificadas, el pasado 5 de diciembre fueron notificados de una resolución que apartaba a la doctora Silvana Llanes y unificaba la querella bajo la representación del doctor Barrientos. “Somos más de 250 damnificados y solo un grupo de 14 personas pidió ese cambio. Sin embargo, el juez tomó esa decisión sin consultarnos y sin escuchar a la mayoría”, expresó la vecina. Balcarce rechazó categóricamente los argumentos esgrimidos para justificar la medida, tales como falta de comunicación, solicitudes de dinero u obstrucción del proceso judicial.
La afectada subrayó que la doctora Llanes mantuvo permanentemente informados a los damnificados, tanto en encuentros colectivos como en consultas individuales. Además, recordó que muchos de los perjudicados habían contado con otros abogados en etapas anteriores sin lograr avances significativos en la causa. Fue precisamente con la intervención de Silvana Llanes cuando el expediente comenzó a mostrar movimiento y progresos concretos en la investigación.
Carlos Martínez, otro de los damnificados presentes en la manifestación, calificó la resolución judicial como carente de fundamentos sólidos y como una decisión que viola el derecho fundamental de los afectados a elegir libremente a sus defensores legales. Los manifestantes expresaron su preocupación de que esta medida pueda comprometer los avances logrados hasta el momento y retrase aún más la búsqueda de justicia para las víctimas de esta estafa que lleva años sin resolverse satisfactoriamente.
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La protesta refleja la frustración acumulada de los damnificados, quienes han visto cómo un conflicto que afectó a la mayoría de los afectados fue decidido por una minoría sin que mediara participación democrática en el proceso. Los vecinos demandan que se revise la decisión y se respete su derecho a mantener la representación legal que consideran más efectiva para sus intereses.
