La tensión laboral en el Poder Judicial de Jujuy se intensifica tras la determinación del Gobierno provincial de dejar fuera a los empleados judiciales del beneficio económico que sí recibieron otros servidores públicos. Esta medida ha generado un conflicto que complica las conversaciones paritarias previstas para fin de año.
La administración provincial comunicó la entrega de un bono extraordinario de $300.000 para la mayoría de los trabajadores estatales, mientras que quienes superan ciertos niveles salariales recibirían $200.000. Esta iniciativa fue presentada como un alivio ante los efectos de la inflación acumulada durante 2025. No obstante, los integrantes del sector judicial quedaron completamente excluidos de esta distribución.
Freddy Berdeja, máximo referente de la Asociación Judiciales de Jujuy (AAJ), cuestionó duramente la medida adoptada, afirmando que “es discrecional y arbitraria, por eso la reacción de los trabajadores”. El dirigente gremial argumentó que los sueldos del personal judicial en la provincia se encuentran por debajo de los promedios sectoriales, razón por la cual consideran que merecían acceder al mismo beneficio otorgado al resto de los empleados públicos.
Berdeja también expresó su preocupación respecto a la situación salarial, señalando que “en enero sufrimos una devaluación del 30%, se va incrementando mes a mes, y lo preocupante es no recuperar el salario”. Esta declaración refleja el deterioro del poder adquisitivo que afecta a los trabajadores judiciales.
Las primeras movilizaciones se llevaron a cabo la semana anterior, cuando trascendió el calendario de pagos donde se confirmaba la ausencia de los judiciales, incluyendo a los integrantes de los ministerios públicos de la Defensa y la Acusación. El miércoles pasado, los empleados realizaron una marcha por las calles de la ciudad hasta llegar a la Casa de Gobierno, visibilizando su descontento con la decisión gubernamental.
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El conflicto pone en evidencia las dificultades en las negociaciones laborales y plantea interrogantes sobre los criterios utilizados para excluir específicamente al sector judicial de un beneficio que fue considerado como compensación general ante la crisis inflacionaria que atraviesa la provincia.
