Un fallo judicial en El Carmen puso fin a un proceso que comenzó en 2023 cuando dos víctimas decidieron romper el silencio sobre hechos ocurridos en 2014. El pastor evangélico Dante Reynaldo Gómez fue condenado a cumplir 15 años de cárcel por delitos de abuso sexual con acceso carnal agravado y abuso sexual simple, ambos cometidos contra menores de edad en su momento.
La abogada querellante Sara Cabezas brindó declaraciones tras conocerse el veredicto del tribunal, enfatizando que esta sentencia constituye una prueba tangible de que la Justicia puede actuar incluso cuando transcurren muchos años desde que ocurrieron los hechos delictivos. Para Cabezas, el caso demuestra que quienes sufrieron abusos no siempre pueden denunciar inmediatamente, sino que necesitan tiempo, apoyo emocional y condiciones adecuadas para atreverse a hablar.
Los abusos que motivaron esta condena sucedieron durante 2014, pero recién en 2023 las víctimas presentaron sus denuncias formales. La letrada explicó que factores psicológicos, familiares y comunitarios generan obstáculos importantes para que los afectados se animen a visibilizar lo ocurrido. Por ello, subrayó la necesidad de que la comunidad comprenda que el paso del tiempo no invalida la gravedad de los delitos ni la credibilidad de quienes finalmente deciden denunciar.
Durante la audiencia de cesura realizada el viernes, el tribunal determinó la pena tras haber declarado responsable penalmente a Gómez el 27 de noviembre anterior. El proceso judicial incorporó como pruebas declaraciones realizadas en Cámara Gesell, evaluaciones psicológicas especializadas y testimonios de testigos, elementos que resultaron decisivos para establecer los hechos y demostrar el abuso de autoridad ejercido por el condenado en su condición de líder religioso.
Respecto a la situación procesal actual, Gómez permanece en libertad hasta que la sentencia adquiera firmeza, decisión adoptada por mayoría del tribunal aunque con restricciones de conducta que incluyen la prohibición de aproximarse a las víctimas. La Fiscalía había solicitado su detención inmediata, pero el tribunal consideró mantener vigente el principio de presunción de inocencia mientras se tramiten los recursos legales correspondientes.
Las representadas de Cabezas expresaron conformidad con el desempeño de la Justicia y con la condena impuesta, destacando que sus derechos fueron respetados durante todo el procedimiento y que se priorizó su protección. El caso avanzó con celeridad desde la formalización de las denuncias, llegando a sentencia en menos de dos años.
Cabezas aprovechó para dirigirse a otras víctimas de abuso sexual que aún no se han animado a denunciar, transmitiendo un mensaje de esperanza: la Justicia existe y puede funcionar, incluso cuando los hechos ocurrieron hace años. Enfatizó que romper el silencio es posible y que existen espacios de contención y acompañamiento para quienes decidan dar ese paso.
