El gobernador Carlos Sadir materializó la reestructuración de su equipo administrativo durante una ceremonia realizada en el Salón de la Bandera, donde los nuevos funcionarios prestaron juramento ante las autoridades provinciales. Los cambios responden a una estrategia de reorganización que busca potenciar la gestión en los próximos dos años de gobierno.
En el área de Salud, José María Manzur asumió las responsabilidades que hasta ahora llevaba adelante Gustavo Bouhid. Por su parte, Daniela Teseira se hizo cargo de la cartera educativa, reemplazando a Miriam Serrano en el rol de ministra. Simultáneamente, Leandro Álvarez tomó las riendas del Ministerio de Ambiente y Cambio Climático, dejando vacante el puesto que ocupaba María Inés Zigarán.
En el área judicial, se produjo un movimiento significativo en la Fiscalía de Estado. Diego Cussel, quien se desempeñaba como fiscal en el MPA, asumirá este cargo en reemplazo de Miguel Rivas. Según los voceros del Ejecutivo, esta decisión busca dinamizar los procesos judiciales provinciales y reducir los tiempos de tramitación.
Uno de los anuncios más relevantes fue la creación de un nuevo Ministerio de Minería, iniciativa que Sadir considera fundamental para impulsar la explotación del litio jujeño bajo criterios de sustentabilidad ambiental. Esta cartera se sumará a la estructura administrativa existente como respuesta a las oportunidades económicas que representa el sector minero para la provincia.
El gobernador enfatizó que estos movimientos forman parte de un ambicioso plan de modernización institucional orientado a enfrentar los desafíos que presenta el año 2026, marcado por procesos electorales y la necesidad de impulsar el desarrollo económico territorial. Además, se prevén ajustes en posiciones intermedias de la administración con el propósito de descongestionar la burocracia y agilizar las respuestas a las demandas ciudadanas.
Los cambios en cargos de menor jerarquía se implementarían durante los primeros meses de 2026, según confirmaron fuentes cercanas al Ejecutivo provincial. La estrategia general apunta a consolidar una estructura más eficiente y orientada hacia resultados concretos en materia de políticas públicas.
