Una nueva postergación en el proceso judicial contra S.L., acusado de abuso sexual infantil agravado, ha reavivado el reclamo de Claudia T., madre de la víctima. El debate oral fue reprogramado para febrero pese a la solicitud de la fiscal de incorporar un juez reemplazante que permitiera continuar sin dilaciones.
La situación se torna crítica considerando que J. S., la presunta víctima, padece una cardiopatía cardiopulmonar severa que requiere un trasplante cardíaco urgente. Desde pequeña ha enfrentado múltiples intervenciones a corazón abierto y su estado de salud es extremadamente frágil. Claudia T. expresó su frustración al señalar que mientras la defensa del imputado fue escuchada, el pedido de la fiscal para evitar nuevas demoras fue rechazado.
La madre enfatizó que cada mes sin resolución representa un riesgo concreto para su hija. “El tiempo para mi hija no es abstracto. Cada mes sin justicia es un riesgo real”, manifestó, denunciando que la nueva suspensión profundiza el dolor y agotamiento de una familia que lleva casi una década esperando un veredicto.
El proceso comenzó en 2017 cuando Claudia T. denunció a S.L. por haber abusado sexualmente de su hija entre los 7 y 14 años. El acusado, quien convivía con la familia en la zona sur de San Salvador de Jujuy, estuvo solo cuatro meses en detención antes de recuperar su libertad. Desde entonces, la familia ha reportado irregularidades procesales, demoras sin justificación y pérdida de evidencia relevante.
La víctima también carece de uno de sus riñones, lo que agrava su condición general. Especialistas de Buenos Aires y Salta han confirmado que su única opción es el trasplante cardíaco, aunque sin garantías de supervivencia. Claudia T. denuncia indiferencia judicial y riesgo de impunidad, mientras su hija permanece en una situación de extrema vulnerabilidad física y emocional.
El tribunal optó por no aceptar la alternativa propuesta por la fiscal para continuar el juicio con un magistrado reemplazante, una decisión que la madre interpreta como una falta de consideración hacia la víctima y sus circunstancias excepcionales. La próxima audiencia está prevista para febrero, lo que representa una nueva espera para una familia que ya ha perdido casi una década en búsqueda de justicia.
