Un residente de Humahuaca vio cómo su vehículo desaparecía en circunstancias delictivas, pero la tragedia se agravó cuando logró localizarlo al otro lado de la frontera. La tecnología GPS le permitió rastrear la Toyota Hilux hasta la ciudad de Tarija, en territorio boliviano, donde esperaba recuperar su propiedad.
José Luis Sánchez se presentó en las instalaciones aduanales de Bolivia con toda la documentación que probaba su condición de propietario legítimo del rodado. Sin embargo, en lugar de colaborar con la devolución del bien, los funcionarios aduaneros le exigieron una suma de dinero que el hombre no podía pagar. Según su relato, le solicitaron diez mil dólares estadounidenses para permitirle retirar el vehículo sin mayores trámites administrativos.
Ante la negativa de Sánchez a entregar la cantidad demandada, las autoridades procedieron de manera acelerada. El propietario se vio obligado a presenciar cómo su camioneta, valuada aproximadamente en treinta mil dólares, era sometida a un proceso de desguace en las instalaciones denominadas “El Portillo”. Los trabajos de destrucción del vehículo avanzaron sin respetar los plazos que establece la normativa aduanera para estos procedimientos.
El caso fue documentado en video, mostrando el momento en que Sánchez llega a los depósitos y encuentra las máquinas ya en funcionamiento, desarmando su camioneta. El hombre expresó su frustración ante las cámaras, señalando que no le permitieron tiempo alguno para gestionar alternativas legales o administrativas que pudieran haber salvado su propiedad.
La situación ha generado considerable repercusión en plataformas digitales y plantea interrogantes serios sobre los mecanismos de control en las fronteras del norte argentino. El caso evidencia vulnerabilidades en los procedimientos aduaneros compartidos entre ambas naciones y abre debate sobre cómo se manejan los vehículos robados que logran cruzar hacia territorio extranjero.
Sánchez ha solicitado la intervención directa de las autoridades nacionales de Argentina y Bolivia para que investiguen lo ocurrido. Denuncia no solo la pérdida económica considerable, sino también lo que considera un atropello grave a sus derechos como ciudadano y propietario legítimo de un bien que fue objeto de robo. La zona fronteriza donde ocurrieron los hechos ha sido históricamente problemática en materia de contrabando y delincuencia transnacional.
