Transcurrieron sesenta días desde que Daniela Mamaní perdiera la vida en un inquilinato ubicado en el barrio Gorriti de San Salvador de Jujuy. En respuesta a este crimen, vecinos, amigos y familiares se congregaron en las calles de Humahuaca para manifestar su demanda de que se haga justicia y que quien cometió este acto reciba el castigo que corresponde por la ley.
Matías Tinte, identificado como la ex pareja de la víctima, permanece detenido bajo medida de prisión preventiva desde hace cuatro meses, período que comenzó cuando se presentó voluntariamente en la Seccional Nº 1 y supuestamente confesó el crimen a los agentes policiales que lo atendieron en ese momento.
La concentración que atravesó distintas vías de la ciudad de Humahuaca llevaba consignas como “Ni una menos” y “Justicia por Daniela”, reflejando la indignación de la comunidad. Sin embargo, los manifestantes no solo exigieron celeridad en el proceso judicial abreviado que se aproxima, sino que también cuestionaron fuertemente el desempeño de las autoridades de seguridad durante los momentos previos al homicidio. Elizabeth Mamani, hermana de la víctima, fue una de las voces más contundentes durante la marcha, pidiendo que los trámites judiciales y policiales no continúen demorándose innecesariamente.
Según información de la familia, el procedimiento abreviado que se utilizará para juzgar el caso tiene fechas tentativas para los próximos meses, con la esperanza de que se concrete antes de que finalice febrero o comience marzo, aunque hasta el momento no existe una fecha definitiva confirmada. Esta incertidumbre genera preocupación y malestar entre los allegados de Daniela.
Un aspecto particularmente controvertido que salió a la luz durante la movilización fue la actuación de la policía la noche en que ocurrió el crimen. Según relatos de vecinos y reportes periodísticos, múltiples personas llamaron al 911 para alertar sobre ruidos de violencia y gritos provenientes de la vivienda donde se encontraba Daniela. No obstante, según los críticos, cuando la policía llegó al lugar, no ingresó a la propiedad y se marchó del sitio, a pesar de que la víctima aún estaba viva en ese momento, tal como posteriormente se confirmó mediante la autopsia realizada.
Para quienes participaron en la marcha de Humahuaca, esta movilización representó también una oportunidad para denunciar un problema más amplio: la respuesta deficiente e insuficiente ante casos de violencia contra las mujeres en la provincia. Los manifestantes expresaron su frustración respecto a que tanto el sistema de emergencias como la institución policial no actuaron de manera efectiva cuando todavía existía la posibilidad de evitar la tragedia.
Los reclamos principales que resonaron en las calles de Humahuaca incluyeron la necesidad de acelerar los tiempos del juicio, obtener explicaciones claras sobre cómo actuó la policía en esa noche, y establecer nuevas medidas que garanticen protección efectiva para las mujeres que denuncian situaciones de violencia. Con carteles, banderas y el dolor visible en sus rostros, la comunidad expresó su convicción de que la justicia no puede seguir demorándose y que todos los responsables, tanto del crimen como de cualquier negligencia institucional, deben responder por sus acciones ante la ley.
