La administración provincial completó el depósito de la segunda parte del bono extraordinario destinado a los agentes de la función pública jujeña durante la jornada del jueves 15 de enero de 2026. Esta transferencia representa un alivio económico importante para miles de trabajadores estatales que enfrentan los gastos propios del inicio del año.
Los servidores públicos cuyos ingresos mensuales no superan los $1.400.000 recibieron $150.000 en esta oportunidad, lo que suma un total de $300.000 considerando el primer desembolso realizado semanas atrás. Por su parte, quienes perciben haberes superiores a ese monto obtuvieron $100.000 en esta cuota, completando así $200.000 en el acumulado del beneficio extraordinario.
La acreditación alcanzó a la totalidad de los sectores que integran la estructura estatal provincial, sin distinción de ministerios ni dependencias. Esta medida se enmarca en una política de apoyo económico que la provincia ha implementado para mitigar el impacto financiero que genera el período post-navideño en los presupuestos familiares de los empleados públicos.
El primer tramo de este bono fue transferido el 27 de diciembre de 2025, coincidiendo con otros beneficios especiales otorgados a capacitadores laborales. Ambos desembolsos se realizaron después de que los haberes correspondientes a diciembre fueran pagados los días 2 y 3 de enero, momento en el cual muchas familias ya habían realizado gastos significativos durante las festividades de fin de año.
Jujuy se posiciona como una de las pocas jurisdicciones del país que implementa este tipo de bonificación extraordinaria para sus empleados. La medida ha generado expectativa positiva entre los trabajadores estatales, quienes encuentran en estos recursos una herramienta para afrontar los incrementos en gastos que caracterizan al comienzo de cada año, especialmente considerando el contexto inflacionario que atraviesa la economía nacional.
Esta iniciativa refleja el compromiso de la gestión provincial con el bienestar económico de quienes integran la administración pública, reconociendo las dificultades que enfrentan los agentes en un escenario de presiones sobre el poder adquisitivo de los salarios. El cronograma de pagos y los montos establecidos demuestran una diferenciación según los niveles salariales, buscando que el beneficio llegue de manera equitativa a todos los sectores del empleo estatal.
