Una alarma se activó esta mañana en San Pablo, Yala, cuando el sistema de monitoreo detectó que un sujeto acusado de violencia de género se acercó a su víctima violando las restricciones judiciales. El incidente ocurrió alrededor de las 10:30 horas, generando una situación de pánico en la familia protegida.
La abogada querellante Paola Salguero confirmó que la mujer presenció a una persona con características similares a su agresor merodeando la zona en bicicleta. En ese momento, el dispositivo Dual —que funciona con una tobillera electrónica para el acusado y un GPS portátil para la víctima— emitió la alerta automática. “Ella estaba muy asustada. Aunque había custodia policial presente, quedó demostrado que el agresor traspasó la barrera de 300 metros que la justicia había establecido”, manifestó la letrada.
El sistema de monitoreo está diseñado para enviar notificaciones inmediatas al 911 cuando se detectan violaciones a las medidas de distancia, proporcionando así una protección reactiva a la denunciante. Sin embargo, el acercamiento del acusado dentro de la zona prohibida activó los protocolos de seguridad, evidenciando un nuevo incumplimiento de las disposiciones cautelares.
La denuncia fue registrada en la Seccional Nº 54 y trasladada al Fiscal Regional. Desde el círculo cercano a la víctima se informó que están compilando documentación para solicitar ante los tribunales la revocación de la libertad del imputado. Salguero señaló: “Contamos con el testimonio del efectivo que la custodia y los registros técnicos del dispositivo; ahora le corresponde al sistema judicial evaluar y tomar las medidas que correspondan”.
Este nuevo episodio surge apenas días después de que se instalara el sistema Dual, implementado tras la difusión de comunicaciones que contenían amenazas letales contra la mujer y sus menores hijos. El caso había generado preocupación pública por la liberación del acusado luego de solo 20 días en detención preventiva, lo que intensificó los temores sobre la seguridad de la familia.
Mientras se aguarda que el tribunal convoque a una audiencia para resolver sobre la revocación de la libertad del imputado, la víctima permanece bajo vigilancia policial constante y con asistencia legal. Los nuevos incumplimientos de las medidas restrictivas refuerzan la urgencia de que la justicia adopte decisiones más severas para garantizar la integridad física de la denunciante y sus hijos.
