Un giro inesperado marcó el desarrollo de la causa Tuiteros cuando el magistrado a cargo resolvió rechazar los argumentos presentados tanto por el Ministerio Público como por los querellantes. La decisión judicial señaló que las acusaciones carecían de solidez y precisión, lo que impide avanzar hacia una instancia de juicio oral. Esta resolución sobre la causa Tuiteros representa un obstáculo significativo para quienes buscaban llevar el caso a etapas posteriores del proceso penal.
El procedimiento había iniciado días atrás cuando la Fiscalía solicitó que se elevara el caso a juicio, mientras que los abogados defensores de Nahuel Morandini y Roque Villegas presentaron escritos pidiendo el sobreseimiento de ambos. Sin embargo, el juez optó por una tercera alternativa: ordenó que si el organismo acusador lo considera pertinente, regrese a la etapa investigativa, reelabore sus acusaciones y las sustente con elementos probatorios concretos y verificables. Esta decisión sobre la causa Tuiteros deja abierta la posibilidad de que continúe el proceso.
Tras conocerse el fallo, Morandini realizó declaraciones públicas cuestionando severamente el funcionamiento del sistema judicial. Expresó que la acusación se fundamenta en suposiciones carentes de respaldo probatorio, lo que dificulta enormemente su capacidad de ejercer una defensa adecuada. Además, criticó que el magistrado no se pronunció sobre aspectos fundamentales que su equipo legal había planteado, incluyendo la validez de la denuncia inicial, la participación de un representante sin autorización legal, y la realización de actividades de vigilancia digital previas al inicio formal de la causa Tuiteros.
El imputado denunció públicamente que entre finales de diciembre de 2023 e inicios de enero de 2024 se ejecutaron operaciones de vigilancia clandestina en plataformas digitales utilizando aparatos estatales. Morandini caracterizó estos hechos como una persecución motivada por razones políticas, vinculada al anterior gobernador Gerardo Morales y continuada durante la administración actual. Recordó que estuvo privado de libertad durante 53 jornadas en la cárcel de Gorriti, situación que describió como preocupante para el funcionamiento democrático provincial. Advirtió además que el mensaje que transmite la causa Tuiteros es inquietante: cualquier ciudadano podría enfrentar investigación o encarcelamiento por sus expresiones en redes sociales.
Aunque la determinación judicial constituye un retroceso para quienes acusaban, los imputados no obtuvieron su absolución definitiva. La causa Tuiteros permanece en tramitación, generando una situación de indefinición legal que afecta a los involucrados. Ante esta circunstancia, el equipo de defensa anunció que presentará recursos ante instancias superiores, particularmente para que se investigue formalmente las presuntas operaciones de vigilancia ilegal que denuncian. Morandini expresó gratitud hacia los movimientos sociales, entidades defensoras de derechos fundamentales, agrupaciones gremiales y sectores políticos que lo han acompañado durante este proceso. Sostuvo que su libertad personal y la resolución de la causa Tuiteros son asuntos de relevancia para toda la comunidad jujeña.
La situación mantiene en vilo a los imputados y genera debate en círculos de análisis sobre cuestiones policiales y judiciales. Organismos de derechos humanos y sectores de la sociedad civil continúan pendientes de los próximos movimientos en esta causa que ha trascendido los límites provinciales y se ha convertido en un tema de interés nacional.
