Un grupo de actores académicos y estudiantes presentó una acción legal impugnando una disposición administrativa de la Universidad Nacional de Jujuy que, según su interpretación, facilitaría que los directivos puedan perpetuarse en sus cargos sin límite de mandatos. La presentación ante los tribunales jujeños busca frenar lo que consideran una violación a los principios democráticos que deben regir en las instituciones educativas superiores.
La resolución cuestionada ha generado controversia en los claustros universitarios, donde sectores estudiantiles y docentes expresan su preocupación respecto a cómo esta medida podría afectar la rotación de autoridades y la participación democrática dentro de la casa de estudios. Los denunciantes argumentan que la norma contradice los estatutos universitarios y vulnera derechos fundamentales de la comunidad académica para elegir y controlar a sus representantes.
Desde la UNJu aún no se ha emitido un pronunciamiento oficial sobre esta acción judicial. Sin embargo, fuentes internas señalan que la administración central mantiene que la resolución respeta el marco normativo vigente y que fue dictada dentro de sus facultades reglamentarias. Este enfrentamiento refleja las tensiones que atraviesan las instituciones educativas en torno a la gobernanza y la transparencia administrativa.
La presentación judicial marca un punto de inflexión en el debate sobre reelecciones indefinidas UNJu, tema que ha dividido a la comunidad académica. Estudiantes organizados han manifestado su rechazo a través de comunicados públicos, mientras que algunos sectores docentes mantienen una postura más cautelosa respecto a las implicancias de esta medida en la vida institucional.
Los abogados que representan a los denunciantes sostienen que la resolución cuestionada carece de fundamentación suficiente y que fue aprobada sin los procedimientos consultivos necesarios. Argumentan que las reelecciones indefinidas UNJu podrían consolidar estructuras de poder que obstaculicen la renovación de ideas y la implementación de políticas académicas innovadoras.
La Justicia deberá analizar en los próximos días si admite la demanda y si ordena medidas cautelares que suspendan la aplicación de la resolución mientras se resuelve el fondo del asunto. Este caso se suma a otros conflictos que enfrenta la universidad provincial en materia de gestión política y administrativa, evidenciando la necesidad de mayor claridad normativa en estas cuestiones.
Expertos en derecho administrativo consultados sobre el tema coinciden en que los estatutos universitarios deben establecer límites claros para los mandatos de autoridades, garantizando así que las instituciones educativas funcionen bajo principios democráticos sólidos. La resolución de este litigio podría sentar precedentes importantes para otras universidades nacionales que enfrentan dilemas similares.
