La Brigada de Investigaciones de la localidad de San Pedro de Jujuy enfrenta una de sus peores crisis institucionales. Tras la confirmación de hechos que evidencian el uso de violencia contra menores de edad, las autoridades provinciales decidieron remover del cargo al jefe de la unidad y a su segundo al mando. Esta medida busca garantizar la transparencia en las investigaciones que se adelantan contra los efectivos policiales involucrados.
El escándalo de torturas a menores San Pedro comenzó a revelarse a principios de esta semana cuando se conoció el caso de un adolescente identificado como M.I., de 15 años de edad, quien fue detenido ilegalmente mientras cumplía el rol de testigo en la investigación del homicidio de Rodrigo Rotondo. Durante su permanencia en la dependencia policial, el joven habría sido sometido a vejaciones que dejaron secuelas psicológicas profundas.
Según informó la madre del menor, aunque el adolescente no presenta lesiones visibles en la actualidad, se encuentra bajo tratamiento psicológico tanto en el ámbito privado como en el Centro de Asistencia a la Víctima (CAV). El trauma experimentado durante su detención arbitraria requiere de una asistencia especializada y continua para su recuperación emocional.
Lo que inicialmente parecía ser un caso aislado de abuso policial se transformó en un patrón de conducta sistemática. Entre los días miércoles y jueves de la semana anterior, dos nuevas denuncias fueron presentadas ante la justicia local por madres cuyos hijos también fueron víctimas de agresiones en la misma dependencia. Según los relatos de las familias, los menores fueron capturados en la vía pública el pasado 13 de marzo en las proximidades de la Escuela de Comercio bajo la acusación de robo de motocicletas.
Una vez trasladados a la base policial, los jóvenes habrían sido sometidos a agresiones tanto de carácter físico como psicológico con el propósito de obligarlos a confesarse culpables o a proporcionar información sobre otros hechos delictivos. Estas prácticas constituyen graves violaciones a los derechos de los menores y a los protocolos establecidos en la legislación provincial.
Debido a la gravedad de los hechos denunciados y a la posible participación de múltiples agentes policiales, los expedientes fueron remitidos a la Fiscalía de Delitos de Funcionarios Públicos con sede en San Salvador de Jujuy. Los fiscales competentes trabajan en la determinación de las responsabilidades individuales de cada efectivo involucrado. Asimismo, se han secuestrado los libros de guardia de la brigada para analizar los registros de las detenciones y establecer la cadena de custodia de los menores.
El próximo 7 de abril constituirá una fecha fundamental en el avance de las investigaciones. En esa jornada se llevarán a cabo las declaraciones de los dos nuevos menores denunciantes mediante el procedimiento de Cámaras Gesell, que permite que los niños y adolescentes brinden sus testimonios en un ambiente seguro y controlado. Los resultados de estas pericias serán remitidos inmediatamente a la fiscalía de la capital, lo que podría resultar en la formalización de cargos y la posible detención de los efectivos policiales responsables de las guardias durante los incidentes documentados. La investigación de estos hechos policiales continúa en desarrollo y se espera que la justicia actúe con celeridad para esclarecer la verdad y garantizar que no existan más víctimas de violencia institucional en la región.
