Una causa que expone las vulnerabilidades del tráfico transnacional de personas llegó a la etapa de juicio oral en los tribunales federales. La fiscal federal María Alejandra Mángano solicitó la elevación de los cargos contra una pareja de imputados de nacionalidad peruana, acusados de haber captado a una adolescente en situación de calle para utilizarla como medio de transporte de estupefacientes hacia el territorio peruano.
Los hechos que originaron esta investigación sobre trata de personas adolescente se remontan al mes de agosto del año 2025, cuando efectivos de la Gendarmería Nacional realizaron un operativo en la Ruta nacional número 9, específicamente en la localidad de San Pedro, provincia de Buenos Aires. En ese lugar fue interceptado un ómnibus de larga distancia que había iniciado su recorrido en el barrio porteño de Once, con destino final a la ciudad de San Salvador de Jujuy. En el interior del vehículo viajaba la menor, quien no figuraba en la documentación oficial de la empresa de transporte y carecía de identificación personal.
Según los elementos de prueba reunidos durante la investigación, el plan delictivo contemplaba trasladar a la joven hacia territorio peruano aprovechando la permeabilidad de las fronteras del norte argentino y sus pasos clandestinos. Una vez en el país vecino, la adolescente debería ingerir cápsulas que contenían sustancias estupefacientes o someterse a procedimientos de injertos subcutáneos para transportar la droga en su propio cuerpo. El regreso a la Argentina estaba previsto mediante una camioneta que utilizaría nuevamente las rutas del norte, con la sustancia oculta en el organismo de la víctima.
Lo que caracteriza a este caso de trata de personas adolescente es la instrumentalización deliberada del cuerpo de la menor. Los imputados aprovecharon su extrema vulnerabilidad, derivada de su situación de calle y consumo de sustancias psicoactivas, ofreciéndole inicialmente un millón de pesos, una vivienda y un automóvil. Sin embargo, cuando la joven manifestó dudas durante el trayecto hacia Jujuy, estas promesas se transformaron en amenazas de muerte. La fiscalía ha caracterizado esta conducta como el tratamiento del cuerpo de la niña como un «mero instrumento» para fines de tráfico internacional.
Los acusados son un hombre de treinta y cuatro años y su madre de cincuenta y tres años, ambos de nacionalidad peruana. El hijo deberá responder como coautor del delito de trata de personas con fines de explotación, agravado por haber mediado engaños, violencia, amenazas, intimidación y coerción; por haberse aprovechado de la situación de vulnerabilidad de la víctima; y por tratarse de una menor de dieciocho años. Además, se le imputa el delito de abuso sexual con acceso carnal, en concurso ideal con la figura de corrupción de menores, en calidad de autor. La madre fue imputada como coautora del delito de trata de personas con fines de explotación, agravado por haberse aprovechado de la situación de vulnerabilidad de la víctima y por tratarse de una menor de dieciocho años.
El rescate de la adolescente fue posible gracias a una llamada realizada a la Línea 145, servicio de atención especializado en casos de trata de personas. Actualmente, la víctima se encuentra bajo resguardo y protección de las autoridades competentes. La fiscalía federal no solo persigue penas de prisión para los imputados, sino que ha enfatizado la importancia de la reparación económica para la menor, quien fue víctima de una maniobra delictiva que habría tenido consecuencias de dimensiones transnacionales de no haber mediado la intervención oportuna de las fuerzas de seguridad.
Con la clausura de la etapa de instrucción, la causa se encamina hacia el juicio oral, donde se debatirán los elementos de prueba y se determinará la responsabilidad penal de los acusados. Este caso representa un ejemplo paradigmático de cómo las redes de trata de personas operan aprovechando la vulnerabilidad de menores en situación de calle, utilizando promesas económicas y amenazas para lograr sus objetivos criminales. La provincia de Jujuy, por su ubicación geográfica estratégica en el norte argentino, continúa siendo un punto de conexión crítico en los circuitos transnacionales de tráfico de drogas y trata de personas. Consulte las noticias policiales para seguir los avances de este caso.
