La situación legal de los agentes pertenecientes a la Brigada de Investigaciones de la Unidad Regional 2 se ha agravado considerablemente después de que se realizaran las últimas cámaras Gesell a los menores que presentaron denuncias por torturas y apremios ilegales. Los testimonios brindados por los adolescentes de quince años constituyeron pruebas fundamentales para el sistema de justicia, ya que ambos relatos coincidieron de forma precisa al narrar cómo fueron detenidos en la vía pública sin orden judicial y sometidos a tratos inhumanos dentro de la dependencia policial.
De acuerdo con lo manifestado en las declaraciones realizadas, los jóvenes fueron confinados en espacios reducidos donde padecieron agresiones tanto físicas como psicológicas por parte de un grupo de aproximadamente siete efectivos que intentaban forzar una autoincriminación en una causa relacionada con el robo de motovehículos. Este caso tiene su origen en el pasado trece de marzo, cuando los menores fueron capturados en la vía pública por un móvil de la Brigada en las proximidades de la Escuela de Comercio. Bajo la acusación de haber sustraído las motocicletas en las que se desplazaban, fueron trasladados a la base policial donde habrían sufrido agresiones física y psicológicamente para obligarlos a autoincriminarse o proporcionar información, lo que originó las denuncias de los progenitores de los menores y la presente investigación.
Este panorama de violencia institucional no constituye un hecho aislado en la jurisdicción de San Pedro, ya que los hechos denunciados se vinculan directamente con la trama oscura que fue revelada durante la investigación del homicidio de Ricardo Rotondo. En aquel proceso, otro menor de edad había relatado un calvario comparable, denunciando que fue privado de su libertad de forma ilegal y sometido a amenazas de muerte para obtener información sobre el homicidio. Aquel antecedente ya había provocado la remoción de la cúpula de la brigada, pero estos nuevos peritajes confirman que las prácticas de vejaciones podrían haber constituido una metodología sistemáticamente instalada en la dependencia.
En la actualidad, todas las actuaciones, junto con los libros de guardia que fueron secuestrados y los informes médicos del Hospital Paterson, han sido remitidos a la Unidad Fiscal Especializada en Delitos contra la Administración Pública en la capital provincial. La justicia busca determinar ahora las responsabilidades penales directas de los efectivos involucrados, quienes podrían enfrentar imputaciones graves por delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones. Con el desplazamiento de los mandos superiores y el avance de las pruebas periciales, el Ministerio Público de la Acusación tiene en sus manos la responsabilidad de desarticular una estructura de poder policial que ignoró sistemáticamente los protocolos de minoridad y los derechos humanos fundamentales. Para más información sobre noticias policiales de Jujuy, consulte nuestras noticias locales.
