Una situación de emergencia se registró en las instalaciones del Aeropuerto Internacional Gobernador Horacio Guzmán cuando se activó un protocolo de seguridad de máxima envergadura tras una amenaza de bomba. El incidente, que involucró a una aeronave de la compañía Flybondi con destino a la ciudad de Buenos Aires, movilizó a fuerzas de seguridad provinciales y organismos nacionales especializados en la materia.
De acuerdo con los reportes oficiales, en la aeronave se encontraban aproximadamente ciento ochenta personas, entre pasajeros y miembros de la tripulación. Todas ellas fueron evacuadas de manera ordenada en la pista de aterrizaje y trasladadas hacia una zona de seguridad establecida para realizar evaluaciones sanitarias y brindar contención emocional a los viajeros. Durante este procedimiento, el personal médico registró un total de diez asistencias, principalmente vinculadas a crisis nerviosas y situaciones de estrés generadas por la emergencia.
El director del Servicio de Atención Médica de Emergencias, Pablo Jure, ofreció detalles sobre la respuesta institucional ante la amenaza. Según sus declaraciones, la activación del protocolo fue inmediata y coordinada entre múltiples organismos. Se movilizaron equipos de emergencia no solamente en el aeropuerto, sino también en hospitales de la región como el de Perico, el de Palpalá y el Pablo Soria, además de ambulancias que permanecieron en estado de alerta durante toda la operación. Esta coordinación permitió garantizar una respuesta rápida y eficiente ante cualquier eventualidad que pudiera presentarse.
En paralelo, intervinieron en el operativo la Policía de Seguridad Aeroportuaria, la Policía de la Provincia de Jujuy, la Administración Nacional de Aviación Civil, Defensa Civil y equipos especializados en explosivos. Estos últimos realizaron una inspección exhaustiva de la aeronave, la cual fue aislada en una zona alejada de las instalaciones por razones de seguridad. El trabajo de estos organismos fue fundamental para descartar cualquier amenaza real y garantizar la integridad de todas las personas involucradas.
Según testimonios recogidos de pasajeros que viajaban en el vuelo, la situación se habría originado cuando una o más personas realizaron una amenaza verbal dentro de la cabina. Uno de los viajeros relató que alguien gritó que portaba un artefacto explosivo o realizó un comentario inapropiado que fue interpretado como una amenaza. Este pasajero destacó que, aunque la intervención de las autoridades fue rápida y profesional, los momentos iniciales estuvieron marcados por la incertidumbre debido a la falta de información clara sobre lo que estaba sucediendo.
Las investigaciones preliminares permitieron identificar a dos personas como posibles responsables de haber originado la alerta de bomba en aeropuerto. Ambas quedaron bajo investigación y no se descarta que enfrenten consecuencias judicales por haber provocado el caos operativo y la activación de un protocolo de máxima seguridad que movilizó recursos significativos. La Justicia Federal asumió la investigación para determinar si la amenaza fue real o si se trató de una falsa alarma, además de establecer las responsabilidades correspondientes.
Tras varias horas de trabajo en terreno, los pasajeros fueron trasladados nuevamente hacia la terminal del aeropuerto, donde recibieron asistencia integral, alimentos y bebidas. Posteriormente, comenzó el proceso de reembarque en la aeronave. El vuelo, que estaba programado para partir aproximadamente a las quince horas con veinte minutos, fue reprogramado para despegar alrededor de las veinte horas, lo que significó un retraso considerable en la operación de la compañía aérea.
