Accidente vehicular expone presunto desvío de camioneta policial a uso personal
La mañana del jueves trajo consigo un violento choque múltiple en el acceso meridional de San Salvador de Jujuy, específicamente en la Ruta nacional Nº 66 próximo a las instalaciones de la Terminal de Ómnibus. Lo que inicialmente parecía ser un simple siniestro de tránsito terminó revelando irregularidades administrativas de mayor envergadura dentro de la estructura policial provincial.
Tres vehículos quedaron involucrados en la colisión, siendo uno de ellos una camioneta Toyota Hilux de tonalidad gris. Este rodado en particular presentaba una característica singular: formaba parte del inventario de bienes incautados por la Fiscalía especializada en Delitos Económicos y de la Administración Pública, posteriormente cedido a la institución policial para funciones operativas exclusivamente. Los protocolos establecidos por el Ministerio Público de la Acusación de Jujuy (MPA) prohíben explícitamente cualquier utilización privada o doméstica de estos vehículos.
Lo que generó mayor preocupación fue descubrir que el conductor de la Hilux era un comisario de elevada jerarquía dentro de la estructura policial, quien en ese momento se encontraba en situación de franco. Según los registros, el funcionario se desplazaba desde su residencia ubicada en San Pedro de Jujuy hacia la Brigada de Narcotráfico, lo que sugeriría un aprovechamiento sistemático del vehículo institucional para traslados personales fuera de contextos operativos legítimos.
El impacto de la colisión fue considerable, dejando daños severos en al menos dos de los vehículos involucrados. La circulación en ese sector de la Ruta 66 debió ser interrumpida temporalmente, derivándose el flujo vehicular hacia la Ruta provincial Nº 1, generando congestión en la zona. Efectivos de Bomberos, personal especializado en Seguridad Vial y equipos de emergencia médica se trasladaron al lugar para atender la situación. Los tres conductores fueron sometidos a pruebas de alcoholemia, arrojando resultados negativos en todos los casos.
Durante las diligencias de peritaje y recopilación de información, emergió la información comprometedora respecto al estado legal del vehículo Hilux. Documentación oficial confirmó que se trataba de un bien bajo custodia judicial, asignado a la fuerza de seguridad bajo condiciones restrictivas que impedían su utilización fuera de funciones institucionales. La normativa vigente es categórica: estos rodados pueden ser utilizados únicamente en el marco de las operaciones policiales autorizadas.
El incidente pone de manifiesto lo que aparentemente constituiría una práctica reiterada dentro de la institución. Testimonios recabados sugieren que este no sería un caso aislado de desvío de recursos públicos. La situación plantea interrogantes sobre los mecanismos de control y supervisión existentes respecto al uso de bienes incautados y cedidos a organismos de seguridad, así como sobre la responsabilidad administrativa de funcionarios de rango superior que podrían estar aprovechando su posición para acceder a beneficios personales.
Este tipo de conductas erosionan la confianza pública en las instituciones y comprometen la integridad administrativa. La transparencia en el manejo de recursos estatales resulta fundamental para mantener la legitimidad de los organismos de seguridad. Las autoridades competentes deberán investigar a fondo los alcances de este uso indebido y determinar si existen responsabilidades que ameriten sanciones administrativas o penales según corresponda.