Víctimas de la estafa inmobiliaria perpetrada por el grupo Horizonte concurrieron hasta la Brigada de Delitos Complejos para formalizar una acusación penal en contra del juez Rodolfo Fernández, quien dirige el Juzgado de Control Penal Económico. Los damnificados lo señalan por los delitos de prevaricato, incumplimiento de deberes como funcionario público, abuso de autoridad y amenazas.
El conflicto escaló luego de que el magistrado decidiera remover a la abogada Silvana Llanes, quien representaba a los afectados desde hace años. Según los denunciantes, esta medida fue tomada sin consultar a la mayoría de los querellantes y respondió únicamente al pedido de un sector minoritario. La decisión, sostienen, violó su derecho fundamental a elegir libremente a sus defensores y significó un retroceso importante en los avances que se habían logrado en el expediente.
Los vecinos relataron experiencias traumáticas durante encuentros realizados en las dependencias judiciales. Aseguran haber sido tratados con desprecio, sometidos a un clima intimidante y obligados a entregar sus teléfonos celulares y documentos personales. Mientras permanecían en un patio interno, les comunicaron que la decisión era definitiva e inapelable, generando una sensación de desamparo total.
Un aspecto particularmente grave mencionado por los damnificados es que el juez Fernández habría expresado públicamente que uno de los abogados designados “haría todo lo que él le indicara”. Esta declaración pone en cuestión la independencia judicial y la imparcialidad del proceso, elementos esenciales para la administración de justicia. Los afectados consideran que estas manifestaciones evidencian una intención de controlar la defensa de los imputados en lugar de garantizar un proceso equitativo.
Los denunciantes enfatizaron que existe un acuerdo judicial homologado que obliga a la escrituración de los terrenos dentro de plazos específicos, pero el juzgado no ha impulsado acciones concretas para asegurar su cumplimiento. Además, alertaron que los mismos inmuebles estarían siendo comercializados nuevamente con terceros, situación que debería estar bajo supervisión judicial y no está ocurriendo.
“Somos las víctimas y sentimos que la Justicia está beneficiando a los imputados. Nos están revictimizando”, expresaron los denunciantes. También denunciaron trato discriminatorio contra integrantes de pueblos originarios y una conducta reiterada de soberbia y abuso de poder. La causa involucra a más de mil personas damnificadas distribuidas en distintas regiones del país.
Hasta el momento, veinticinco vecinos ya formalizaron la acusación penal, aunque anticipan que la cantidad seguirá aumentando. Paralelamente, solicitarán que el juez Rodolfo Nino Fernández sea apartado de la causa, considerando que su permanencia en el expediente compromete la garantía de un proceso justo y transparente para las víctimas.
