Las autoridades judicales de la provincia iniciaron una investigación de gran envergadura tras registrarse expresiones amenazantes en un establecimiento educativo ubicado en la localidad de Libertador General San Martín. El hallazgo de estas amenazas generó la inmediata activación de un dispositivo de seguridad preventiva destinado a proteger a la población estudiantil y al personal docente.
El Ministerio Público de la Acusación confirmó que la causa se encuentra bajo la dirección de la Fiscalía N° 3 de San Pedro de Jujuy, con jurisdicción en Libertador. El fiscal Ernesto Lian Resúa encabeza las actuaciones judiciales en coordinación permanente con el Ministerio de Seguridad provincial y los efectivos de la Policía de Jujuy. Esta articulación entre organismos busca garantizar una respuesta integral ante la situación.
El incidente fue denunciado en las últimas horas luego de que se descubrieran mensajes amenazantes en uno de los sanitarios de la Escuela Técnica de la ciudad. Ante la gravedad de los hechos, se implementó de manera inmediata un protocolo de prevención que incluyó el despliegue de personal policial tanto en el interior como en los alrededores del edificio escolar. Las autoridades educativas priorizaron no solamente el esclarecimiento de lo ocurrido, sino también el acompañamiento emocional y la contención de estudiantes, docentes y trabajadores del establecimiento, asegurando condiciones de seguridad para que las actividades académicas continuaran con normalidad.
La Brigada de Investigaciones avanza en forma paralela con un trabajo exhaustivo orientado a identificar al responsable de las amenazas en escuela de Libertador. Las tareas investigativas comprenden el análisis de las grabaciones de las cámaras de vigilancia, la recopilación de declaraciones de testigos y la obtención de pruebas que permitan reconstruir los detalles de lo sucedido. Desde la dependencia fiscal se enfatizó que el caso recibe un tratamiento de máxima seriedad, descartándose completamente que se trate de un hecho menor o de una conducta inapropiada sin relevancia penal.
Según la información oficial proporcionada, la causa se encuadra dentro de lo establecido en el artículo 211 del Código Penal, que tipifica el delito de intimidación pública. Esta figura delictiva contempla penas que oscilan entre dos y seis años de privación de libertad. Las investigaciones continúan en pleno desarrollo, con todos los recursos disponibles concentrados en la búsqueda del responsable y en la restauración de la tranquilidad en la comunidad educativa de Libertador. Los organismos de seguridad mantienen un monitoreo constante de la situación para prevenir cualquier nuevo incidente.
Desde la Fiscalía N° 3 se reiteró el compromiso de llevar adelante todas las acciones necesarias para esclarecer los hechos y garantizar que se aplique la ley con todo su rigor. La comunidad educativa ha sido informada de los avances de la investigación, y se mantiene un diálogo permanente con directivos y padres para asegurar que el proceso se desarrolle de manera transparente. Consulte las últimas noticias policiales para conocer los detalles de este caso y otros eventos de seguridad en la provincia.
