Las autoridades judiciales de Jujuy avanzaron significativamente en la investigación de la ola de amenazas en escuelas que ha generado preocupación en toda la provincia. Durante la tarde del viernes diecisiete de abril, se ejecutó un procedimiento de allanamiento en una vivienda ubicada en la capital provincial, donde se incautaron diversos aparatos electrónicos que resultan fundamentales para esclarecer la identidad de los responsables de los mensajes intimidatorios.
La operación fue solicitada por la Fiscalía de Niños, Niñas y Adolescentes Número Uno y autorizada por la magistrada María Hinojo, quien se desempeña como Jueza de Control. El procedimiento contó con la participación de la Agencia Provincial de Delitos Complejos, bajo la dirección del fiscal Pablo Martín de Tezanos Pinto. Los investigadores se concentraron en la recopilación de evidencia digital que pudiera vincular a los habitantes del domicilio con las inscripciones amenazantes que fueron halladas en los sanitarios de distintas instituciones educativas.
Desde el Ministerio Público de la Acusación se expresó con total claridad que estos hechos no constituyen simples bromas estudiantiles, sino que configuran el delito de intimidación pública. De acuerdo con lo establecido en el Código Penal, quienes resulten responsables de este delito enfrentan penas que oscilan entre dos y seis años de privación de la libertad. La gravedad con la que se aborda esta causa responde a la necesidad de detener el efecto contagio que se ha propagado a través de instituciones educativas ubicadas en Perico, San Pedro, Palpalá y la región de la Quebrada.
Los especialistas en informática forense continúan analizando meticulosamente los dispositivos que fueron secuestrados durante el allanamiento. Las autoridades competentes han manifestado que las investigaciones se encuentran en pleno desarrollo y que no descartan la realización de nuevos procedimientos de allanamiento en las próximas horas en diferentes localidades del interior provincial. Estos operativos adicionales tendrán como propósito determinar si existe una estructura organizada detrás de las amenazas o si se trata de acciones individuales que se han amplificado a través de las plataformas de redes sociales.
La Fiscalía de Niños, Niñas y Adolescentes mantiene una postura firme respecto de la necesidad de esclarecer completamente los hechos y de identificar a todos los involucrados en la propagación de estos mensajes intimidatorios. La comunidad educativa provincial permanece atenta a los avances de la investigación, mientras que las instituciones escolares continúan implementando protocolos de seguridad reforzados para garantizar la tranquilidad de estudiantes, docentes y familias.
Este primer allanamiento representa un hito importante en la respuesta judicial frente a la crisis de amenazas en escuelas que afectó a múltiples establecimientos educativos. Las autoridades han enfatizado que la intimidación pública es un delito grave que será perseguido con todo el rigor que establece la ley, independientemente de la edad de los responsables.
