La provincia de Jujuy enfrenta una situación preocupante respecto de las amenazas en escuelas, un fenómeno que continúa expandiéndose en los últimos tiempos. De acuerdo con los datos proporcionados por el Ministerio Público de la Acusación (MPA), se encuentran en tramitación un total de 91 expedientes judiciales relacionados con investigaciones por intimidaciones y mensajes de carácter amenazante dirigidos hacia establecimientos educativos ubicados en distintas zonas de la provincia.
La distribución geográfica de estos casos revela la magnitud del problema. De los 91 legajos registrados, 62 corresponden a la capital y a diversas localidades del interior, mientras que 29 se encuentran concentrados en la zona del ramal. Esta dispersión territorial demuestra que se trata de una problemática que trasciende los límites de la ciudad capital y afecta a múltiples comunidades educativas en toda la región.
En el marco de estas investigaciones, los organismos judiciales lograron identificar a 30 menores de edad como presuntos responsables de estos hechos. Las actuaciones se encuentran en curso, con la promoción de acciones penales en el ámbito de la justicia juvenil. Desde el MPA aclararon que no existen menores privados de su libertad, aunque sí se están llevando adelante los procedimientos legales correspondientes, con audiencias imputativas programadas para los próximos días.
Las investigaciones están bajo la dirección de los fiscales Pablo de Tezanos Pinto y Juan Baiud, quienes se desempeñan como titulares de las Fiscalías de Niños, Niñas y Adolescentes Nº 1 y Nº 2 respectivamente. Estos funcionarios trabajan de manera coordinada con el Ministerio de Seguridad de la provincia para avanzar en el esclarecimiento de los hechos denunciados.
Como parte de las medidas investigativas implementadas, se han ejecutado 13 allanamientos en domicilios de los presuntos responsables. Además, se procedió al secuestro de teléfonos celulares y dispositivos electrónicos, considerados elementos fundamentales para el avance de las causas. Paralelamente, se registraron entregas voluntarias de dispositivos por parte de los progenitores, quienes también facilitaron la comparecencia de los menores involucrados ante las autoridades judiciales.
El proceso investigativo incluye entrevistas realizadas mediante Cámara Gesell, incorporación de pruebas periciales, y toma de declaraciones de testigos presenciales. Estas diligencias buscan esclarecer cada uno de los hechos denunciados y establecer responsabilidades de manera precisa. Desde el organismo acusador enfatizaron que estas conductas “no constituyen bromas ni chistes”, sino que se trata de delitos tipificados en el Código Penal que pueden derivar en sanciones conforme a la normativa vigente. Consulte más información en nuestras noticias policiales.
Con el propósito de garantizar la seguridad de la comunidad educativa, se dispuso reforzar la presencia de efectivos policiales en los establecimientos afectados. Esta medida busca proteger a estudiantes, docentes y personal administrativo de las instituciones que han sido objeto de amenazas. El trabajo conjunto entre la Justicia y el Ministerio de Seguridad representa un esfuerzo coordinado para contener esta problemática.
Desde el MPA realizaron un llamado a la responsabilidad de las familias y de toda la comunidad educativa, subrayando la importancia del acompañamiento permanente de los adultos en la vida de los menores. Esta orientación busca prevenir la comisión de nuevos hechos de gravedad y evitar que más jóvenes se vean involucrados en situaciones que puedan derivar en consecuencias legales. La prevención y el trabajo preventivo se presentan como herramientas fundamentales para revertir esta tendencia preocupante en las instituciones educativas de la provincia.
