Bullrich afirmó que no le avisaron del recorte en discapacidad del Presupuesto 2027

La presidenta del PRO y senadora Patricia Bullrich sostuvo esta mañana que desconocía las modificaciones que el gobierno de Javier Milei incorporó al sistema de discapacidad dentro del proyecto de Presupuesto 2027, pese a formar parte de la mesa política del oficialismo. De esta manera, la legisladora dejó al descubierto fallas en la coordinación interna del Gobierno Nacional y lamentó no haber sido informada de los cambios, aun siendo jefa de bloque.

En diálogo con el periodista Ignacio Ortelli en Radio Rivadavia, Bullrich admitió que el asunto “no salió a la luz” durante las reuniones de la mesa política y que el presupuesto arribó con esas modificaciones sin aviso previo para los socios de la coalición. “No nos enteramos, yo no miento, es la verdad”, remarcó. Luego manifestó su molestia porque, cuando los legisladores aliados llegan al Congreso sin haber sido informados, quedan expuestos ante sus bloques y ante la oposición. “Quedás como un tonto o como que engañás, eso resiente las relaciones”, se quejó.

La senadora también reconoció que en Diputados ya existía un acuerdo político entre el oficialismo y sectores opositores para debatir el tema de discapacidad “de determinada manera”, entendimiento que ahora quedaría en duda con la irrupción de estos artículos en el texto presupuestario.

Desde los bloques opositores las reacciones no tardaron. El diputado Juan Marino, de Unión por la Patria, tildó los cambios de “ilegales e inconstitucionales” y sostuvo que el proyecto pretende “desmantelar” la Ley de Emergencia en Discapacidad. En tanto, el legislador Esteban Paulón, de Santa Fe, remarcó que las modificaciones surgieron después de que La Libertad Avanza había impulsado junto a bloques afines una iniciativa propia para tratar la emergencia, sin dar a conocer su contenido real.

El proyecto de Presupuesto remitido al Congreso contempla, en su Capítulo VI, los artículos 36 a 41, que alteran de manera permanente ejes del sistema de atención a personas con discapacidad. Entre los puntos más delicados aparece la derogación de varios artículos de la Ley de Emergencia en Discapacidad y reformas de fondo a la ley 24.901, que desde 1997 sostiene el sistema de prestaciones básicas de atención integral.

Uno de los aspectos más sensibles alcanza al Nomenclador de Prestaciones Básicas: el texto dispone que ya “no incluirá valores universales”, con lo cual se eliminan los aranceles obligatorios de referencia para obras sociales, prepagas y prestadores. Es decir que, si se aprueban estas modificaciones, las familias de personas con discapacidad tendrán que negociar de manera individual el valor de terapias y tratamientos con sus coberturas.

Otro de los cambios centrales reinstala el esquema de pensión por invalidez laboral, por lo que el Certificado Único de Discapacidad (CUD) dejaría de funcionar como garantía directa de acceso a las prestaciones. A su vez, quienes tengan empleo registrado o estén inscriptos en el monotributo perderán la compatibilidad con ese beneficio, una modificación que hasta el momento permitía a muchas personas con discapacidad trabajar sin resignar su cobertura.

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