Condena a Oded Kindermann: 10 años de prisión por abuso sexual agravado en Jujuy

El fuero penal de Jujuy dictó sentencia en una de las causas de mayor repercusión pública de los últimos meses. El empresario y diseñador Oded Edgardo Kindermann fue condenado a 10 años de prisión de cumplimiento efectivo, tras ser hallado culpable del delito de abuso sexual gravemente ultrajante (dos hechos en concurso real) agravado por la relación de guarda. La resolución se conoció tras la quinta jornada del juicio oral y público desarrollada en el Palacio de Tribunales.

Este miércoles se dio a conocer únicamente la parte resolutiva del fallo. Los fundamentos que explicarán los criterios utilizados por los jueces para establecer la responsabilidad penal y fijar la pena serán notificados posteriormente a las partes, a través del sistema digital del Poder Judicial. Recién a partir de esa notificación comenzarán a correr los plazos para presentar eventuales recursos.

Además de la condena, los magistrados ordenaron la extracción de una muestra de ADN al condenado para su incorporación al registro correspondiente de agresores sexuales.

Otro punto relevante de la resolución está relacionado con la modalidad de cumplimiento de la pena. De acuerdo con lo informado por la querella, se estableció que la condena sea de cumplimiento efectivo en un establecimiento penitenciario y no bajo prisión domiciliaria. Sin embargo, esto no significa que el traslado al penal vaya a concretarse de inmediato: Kindermann retornó a su domicilio particular para continuar bajo el régimen de prisión domiciliaria que viene gozando desde la etapa de instrucción.

La abogada querellante, Patricia Tabera, explicó el marco legal que sostiene esta situación: “El Código Procesal Penal de la provincia establece que se mantiene el statu quo procesal mientras la sentencia no adquiera firmeza. Dado que la defensa técnica recurrirá el fallo, el imputado mantendrá la domiciliaria hasta tanto la pena quede firme y ejecutable, momento en el cual el Juez de Ejecución ordenará su traslado al penal”.

La pena finalmente establecida resultó inferior a las solicitadas durante los alegatos. La fiscalía de juicio había pedido 20 años de prisión, mientras que la querella —en representación de la familia de la menor damnificada— había peticionado 25 años de cárcel, fundamentando la gravedad de los hechos cometidos bajo la cobertura de la confianza y vecindad en un inmueble comercial del microcentro capitalino.

“Nosotros habíamos pedido 25 años y la Fiscalía pidió 20 y terminaron dando 10 años”, señaló Tabera. La abogada sostuvo que todavía resulta prematuro confirmar si recurrirán la sentencia, justamente porque necesitan conocer las razones jurídicas utilizadas por el tribunal para determinar el monto de la pena. “Para eso hay que sí o sí ver los argumentos y los fundamentos en los que se basó, en nuestro caso, el cálculo de los 10 años y, en el caso de la defensa técnica, la mismísima condena de encontrarlo penalmente responsable”, explicó.

Tras conocerse la resolución, la letrada hizo una valoración de la condena desde la perspectiva de la parte que representa. Consideró relevante que la Justicia haya establecido la responsabilidad penal del acusado, aunque señaló que la pena impuesta genera sentimientos encontrados en la familia de la víctima: “La cantidad de años nunca va a ser suficiente para la familia víctima que yo represento, porque realmente el daño sufrido es inconmensurable”.

En ese sentido, sostuvo que ninguna pena puede reparar completamente las consecuencias provocadas por este tipo de delitos: “No hay ninguna cantidad de años o monto indemnizatorio que sea suficiente para reparar lo sufrido”. Y agregó: “Para la familia víctima siempre habrá un sinsabor; felicidad o festejo no hay. Consideramos que diez años es una pena menor a la esperada. Analizaremos los fundamentos del Tribunal en los próximos días y evaluaremos si interponemos el recurso de apelación correspondiente”.

La sentencia conocida este miércoles todavía puede ser recurrida. Tanto la defensa como la querella y la Fiscalía deberán esperar la notificación de los fundamentos para analizar los argumentos del tribunal y determinar si presentan recursos. Uno de los puntos centrales para la querella será conocer cómo justificó el tribunal la imposición de diez años de prisión. Una vez cumplidas las distintas instancias procesales y cuando la condena adquiera firmeza, corresponderá avanzar con su ejecución conforme a lo dispuesto judicialmente.

Por tratarse de un caso que involucra a una víctima menor de edad, y por tratarse de un caso sumamente sensible, se preserva su identidad y se evita publicar información personal que pueda permitir su identificación.